La veda electoral en Colombia se respeta o se sanciona con severidad, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se encuentra en el centro de la polémica por cuenta de una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La queja administrativa fue interpuesta a pocas horas de que se abrieran las urnas para la jornada de la segunda vuelta presidencial, debido a una publicación en sus redes sociales que violaría de forma directa las restricciones legales vigentes en el territorio nacional durante este sensible periodo de silencio.
El escándalo estalló el sábado 20 de junio, cuando López decidió compartir en su cuenta oficial de X un mensaje cargado de datos sobre la intención de voto de los candidatos en disputa. En su publicación, la exfuncionaria escribió de manera explícita que, según el más reciente tracking de la firma Atlas Intel para la campaña de Abelardo De La Espriella, este superaba por 16 puntos a Iván Cepeda el pasado 5 de junio, pero que para la fecha de su trino la diferencia se había reducido a solo 5 puntos, concluyendo con entusiasmo que “la calle está empatada”. El texto estuvo acompañado por imágenes detalladas con los gráficos de la medición técnica.
Esta acción provocó la reacción inmediata del abogado Eduardo Castillo, quien radicó formalmente la queja ante el CNE. En el documento, el jurista argumentó que la publicación de López no se trató de un simple error involuntario o de una coincidencia, sino de un acto intencional y consciente destinado a burlar el marco legal. Castillo enfatizó que el trino de la exalcaldesa no constituyó una manifestación de opinión o una valoración subjetiva, sino que incorporó referencias cuantitativas, porcentajes y conclusiones derivadas de estudios demoscópicos para influir en los ciudadanos, demostrando un interés en alterar el equilibrio de la contienda.
Fuentes del Consejo Nacional Electoral confirmaron que la exalcaldesa infringió la normativa que prohíbe de manera estricta la emisión o réplica de cualquier encuesta durante los siete días anteriores a la votación. Al ser una figura pública con alcance masivo y relevancia nacional, la denuncia advierte que su mensaje tuvo el potencial de incidir en la formación de la voluntad del electorado en un momento de extrema sensibilidad democrática. El tribunal electoral resolverá ahora si procede imponer las sanciones administrativas y multas correspondientes por violar la ley electoral, estableciendo un precedente frente al uso de redes sociales por parte de líderes políticos.
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