Las carreteras de la región Caribe se han convertido en un auténtico “cajero automático” a cielo abierto en plena época electoral. Este miércoles 4 de marzo, un nuevo operativo de la Policía Nacional en Córdoba dejó al descubierto un bolso cargado con una fortuna, cuyo origen y destino tienen a las autoridades sospechando de un movimiento masivo de compra de votos.
El golpe se dio en el peaje Purgatorio, en la vía que conecta a Montería con Planeta Rica. Allí, uniformados de Tránsito e Inteligencia interceptaron un Renault Twingo en el que se movilizaban Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Al revisar el vehículo, los agentes hallaron un bolso negro que escondía la estrepitosa suma de 434.700.000 pesos en efectivo.
La captura, anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cobra un tinte político oscuro al verificarse los antecedentes de Villarreal: el hombre fue elegido concejal de Montelíbano para el periodo 2024-2027, aunque perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses. Según las investigaciones, la pareja habría retirado el dinero en la capital cordobesa y se dirigía hacia Montelíbano sin poder justificar ni un solo peso, por lo que ahora enfrentan cargos por lavado de activos.
En esta oportunidad, la persona capturada no llevaba ningún tipo de publicidad a favor de ningún candidato de la zona, pero sí empezará un proceso judicial porque no supo justificar cuál era el origen y el destino de esa gran cantidad de dinero.
Esta situación en Córdoba no es un hecho aislado. Apenas 24 horas antes, el país se desayunó con una noticia similar en las vías de La Guajira, lo que sugiere que el efectivo está fluyendo sin control por las carreteras del norte del país a pocos días de que los ciudadanos vayan a las urnas.
El martes 3 de marzo, la Policía capturó a Luis Alfredo Acuña Vega, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) adscrito al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, nada menos que el secretario general de la Cámara de Representantes. Acuña fue sorprendido en un puesto de control en el municipio de Albania transportando 145 millones de pesos en efectivo dentro de una camioneta Toyota.
Lo que más llamó la atención en el caso del escolta fue que, junto a los fajos de billetes, las autoridades hallaron publicidad política y tarjetones pedagógicos del candidato al Senado por el Partido Conservador, Daniel Restrepo. A pesar de las evidencias, el desenlace de este caso generó indignación: el abogado Iván Cancino logró que su cliente fuera dejado en libertad y que, increíblemente, le devolvieran el dinero, argumentando que “tener plata en efectivo y publicidad no es delito en Colombia”.
La racha de incautaciones en Córdoba y La Guajira ha encendido las alarmas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía. Mientras en el caso del escolta la defensa logró una victoria temprana alegando fallas en el procedimiento, en Córdoba los investigadores esperan que los 434 millones encontrados al exconcejal Villarreal sirvan para desmantelar una presunta red de corrupción al sufragante.
La modalidad se repite: vehículos particulares o de esquemas de seguridad, grandes sumas en efectivo difíciles de rastrear y rutas que conectan capitales con municipios clave en la contienda electoral. Por ahora, tanto Villarreal como su acompañante permanecen bajo custodia, mientras el país se pregunta cuántos bolsos más estarán cruzando los peajes de la región sin ser detectados.
¿Qué es el delito de corrupción al sufragante?
En el Código Penal colombiano, la corrupción al sufragante es una de las faltas más graves contra la democracia. Se configura cuando una persona promete, paga o entrega dinero, dádivas o cualquier beneficio a un ciudadano para que vote por determinado candidato o para que se abstenga de hacerlo.
Este delito no solo castiga al que da la plata (el corruptor), sino que también puede acarrear sanciones para quien la recibe. Las penas para quienes incurren en esta práctica pueden oscilar entre los 4 y 8 años de prisión, además de millonarias multas. En el caso de Córdoba, si se comprueba que los 434 millones eran para mover urnas a punta de billetera, el exconcejal Villarreal podría enfrentar una condena ejemplar que enterraría definitivamente sus aspiraciones políticas.
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