A menos de cuatro días de que se abran las urnas en Colombia este 8 de marzo de 2026, la tensión electoral ha escalado a los micrófonos de la radio nacional. Durante la emisión matutina de Blu Radio, los panelistas Felipe Zuleta y María Camila Orozco lanzaron una fuerte advertencia sobre lo que calificaron como una estrategia de “choque” por parte del Pacto Histórico para cuestionar los resultados desde el primer minuto del preconteo.
La alerta surgió tras analizar las recientes directrices del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que sus testigos electorales deben estar listos para una ofensiva legal en las mesas. “Néstor, me imagino que por la orden de Petro a todos los testigos del Pacto Histórico impugnando porque sí, una ‘impugnatón'”, comentó Orozco, sugiriendo que se busca inundar el proceso con reclamaciones sistemáticas.
Por su parte, Zuleta fue más allá y aseguró que esto no es un movimiento improvisado, sino una hoja de ruta trazada con antelación. “Es un plan desde hace meses. El presidente del CNE nos dice que hay más de 700.000 testigos… la orden está dada”, sentenció el periodista, refiriéndose a la intención de desplegar al menos 60.000 testigos “entrenados” específicamente para impugnar mesas donde se detecten supuestas inconsistencias.
El debate técnico no se hizo esperar. Mientras el jefe de Estado argumenta que la impugnación es necesaria para que los jueces abran las urnas y ratifiquen la veracidad de los votos, expertos en materia electoral le bajaron el tono a la viabilidad de esta movida.
El exregistrador Alfonso Portela aclaró en El Tiempo que la propuesta de Petro tiene vacíos legales importantes. Según Portela, “el preconteo no es impugnable”, ya que es un proceso meramente informativo que nace del formulario E-14. El experto explicó que el recuento de votos solo procede una vez bajo fundamentos muy específicos y que son las comisiones escrutadoras, y no los testigos de forma arbitraria, las que deciden sobre las reclamaciones.
Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.
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