Así como posibles emergencias están en la mira, los administradores de conjuntos residenciales encendieron las alarmas en Risaralda ante las graves demoras en los trámites de indemnización con las compañías aseguradoras, una traba que amenaza con estancar la recuperación urbana.
Representantes de la propiedad horizontal advirtieron que la reconstrucción de los edificios afectados por el sismo podría tardar más de ocho años si las autoridades no intervienen de inmediato para frenar dilaciones injustificadas.
A casi tres meses del terremoto que sacudió a Risaralda, miles de familias continúan enfrentando la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar sus viviendas tras los severos daños sufridos en las estructuras.
Frente a este complejo panorama, los voceros de las copropiedades acudieron formalmente ante el gobierno departamental y las entidades de vigilancia para exigir medidas urgentes que destraben las reclamaciones con las aseguradoras y firmas ajustadoras.
“La propiedad horizontal vive quizás uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Inicialmente se esperaba que la reconstrucción del área metropolitana pudiera desarrollarse en menos de cinco años; sin embargo, los tiempos que están planteando las aseguradoras nos hacen pensar que muchas reclamaciones podrían terminar en procesos judiciales que duren entre seis y ocho años. Por eso hemos acudido a las autoridades de Risaralda y a los organismos de control, para que acompañen a las personas que estamos al frente de las propiedades horizontales, donde vive más de la mitad de la población urbana del departamento”, manifestó Yeferson Duque, líder de los administradores de propiedad horizontal en Risaralda.
El gremio precisó que en el departamento funcionan cerca de 1.400 propiedades horizontales, conglomerados donde reside una porción mayoritaria de las comunidades urbanas perjudicadas directamente por el fuerte movimiento telúrico.
En medio de la catástrofe, estos delegados asumieron la contención comunitaria, atendiendo reclamos vecinales y buscando salidas ante las averías de las torres sin contar con suficiente respaldo institucional.
Los líderes denunciaron que enfrentan este reto en absoluta soledad, acumulando más de dos meses de espera sin recibir anticipos económicos estipulados en los contratos de cobertura vigentes.
Adicionalmente, las compañías de seguros exigen costosos estudios estructurales y análisis patológicos que alcanzan decenas o cientos de millones de pesos, sumas imposibles de asumir para copropiedades descapitalizadas por la crisis.
A este obstáculo financiero se suman marcadas discrepancias entre los presupuestos reales de reconstrucción fijados por peritos independientes y las liquidaciones notoriamente inferiores reconocidas por los ajustadores delegados.
Esa brecha económica empuja inevitablemente los reclamos hacia dilatados pleitos jurídicos en los juzgados, postergando la habitabilidad de los apartamentos por casi una década.
Los portavoces recalcaron que su gestión no persigue la asignación de subsidios estatales ni dineros del erario, pues los inmuebles cuentan con pólizas contratadas para responder integralmente ante desastres.
El propósito central radica en garantizar vigilancia activa del Estado para forzar a las empresas de seguros a honrar sus compromisos contractuales con agilidad y transparencia.
La dirigencia planteó tres requerimientos formales, empezando por asegurar una curul permanente para sus delegados en las comisiones técnicas de gestión del riesgo y reconstrucción departamental.
Esta inclusión garantizará que las resoluciones oficiales incorporen el criterio de quienes administran día a día las edificaciones dañadas.
Como segundo punto, solicitaron la presencia en Risaralda de una unidad especial de la Superintendencia Financiera para fiscalizar liquidaciones, agilizar anticipos y vigilar a los ajustadores.
En tercer lugar, requirieron a la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) mayor celeridad y contundencia técnica al emitir certificados de habitabilidad indispensables para sustentar reclamaciones aseguradoras.
Los representantes enfatizaron que el tejido administrativo local amortigua el descontento de los copropietarios, pero aclararon que esa carga social no puede recaer eternamente sobre sus hombros.
“Nosotros seguimos sosteniendo la gobernabilidad en los edificios y dando la cara a las familias damnificadas. Pero necesitamos que el Estado se pare firme a nuestro lado frente a las aseguradoras. No estamos pidiendo dinero público, estamos exigiendo acompañamiento, autoridad y respuestas oportunas para que la reconstrucción de Risaralda no se convierta en una espera de ocho años”, concluyó Duque, quien agradeció el apoyo de la Defensoría del Pueblo, entidad que anunció la creación de mesas técnicas para dar respuesta a la solicitud.
Las comunidades esperan que estas gestiones interinstitucionales aceleren el desembolso de los dineros asegurados y devuelvan la estabilidad a los hogares risaraldenses afectados.
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