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Este artículo fue curado por Carlos Diaz   Nov 19, 2026 - 12:11 pm
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Una bancada de congresistas del Centro Democrático, encabezada por el senador Juan Espinal, radicó una postura en defensa de la competitividad y la protección ambiental que rechaza los ajustes propuestos por el Gobierno al impuesto nacional al carbono en la reforma tributaria (ley de rescate económico).

Junto a Espinal, los senadores Zandra Bernal y Óscar Villamizar, y los representantes a la Cámara Ana Ligia Mora, Mateo Hidalgo y Darwin Castellanos, manifestaron su desacuerdo con el incremento en la carga tributaria al sector y exigieron modificar los artículos referidos a la no causación del impuesto y a la destinación específica de sus recursos.

El parlamentario advirtió sobre el impacto que la medida gubernamental tendría sobre los sectores del carbón, el energético y la aviación, pues el proyecto de ley plantea un aumento gradual del precio por tonelada (subiría a 2,267 UVT en 2027, 3,163 UVT en 2028 y 4,048 UVT a partir de 2029). Además, cada año se aplicaría un aumento de la inflación más dos puntos porcentuales (frente al IPC + 1 actual) con el fin de alcanzar el estándar internacional de 3 UVT por tonelada.

“El carbón se va a terminar pagando por encima de los $400.000 millones por tonelada. Es decir, la industria va a tener que cerrar”, dijo el congresista.

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) coincidió con las alertas del Congreso y solicitó formalmente al Gobierno fijar un esquema de incremento gradual de al menos 20 años para el impuesto al carbono.

El gremio advirtió que con la UVT proyectada a 2026, el impuesto por tonelada de carbón saltaría a aproximadamente $119.000 en 2027 y superaría los $212.000 en 2029. Este monto representaría cerca del 70 % del precio del carbón en boca de mina, lo que asestaría un golpe crítico a la generación de energía térmica y a industrias altamente electrointensivas como la siderúrgica, la cementera y la coquizadora.

El gremio también criticó la reducción del margen máximo de no causación del 50 % al 25 %, es decir, lo que las empresas pueden compensar mediante certificados de mitigación, al considerar que castiga la inversión ambiental real, pues obliga a los contribuyentes a pagar como mínimo el 75 % del impuesto.

Frente al esquema de descarbonización propuesto en la reforma, la bancada del Centro Democrático le planteó al Ejecutivo conservar la no causación del impuesto en el 50 % actual, manteniendo el gravamen vigente, y trabajar hacia una meta progresiva que alcance la no causación del 100 %. Según los congresistas, el aumento desmedido del tributo pone en riesgo un mercado con alto potencial para incentivar inversiones reales en reducción de emisiones.

(Vea también: “Pavoroso recorte”: Néstor Morales revela lo que pasará con miles de empleados en Colombia)

Críticas a la destinación del recaudo

En cuanto a la distribución del recaudo fiscal, los congresistas del Centro Democrático rechazaron de manera categórica que el Gobierno disponga discrecionalmente de la mayoría de los fondos, pues solo el 20 % del recaudo tendría destinación específica con la nueva ley.

En su lugar, presentaron una fórmula de redistribución de los recursos donde el 40 % sería para el medio ambiente (orientado a combatir la deforestación y proteger fuentes hídricas), el 20 % para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en municipios PDET, el 10 % para inversión en proyectos de energías renovables y otro 10 % para combatir la extracción ilícita de yacimientos mineros. Así, solo el 20 % sería de libre destinación para la caja del Estado.

«¿Libre destinación para qué? No, esos recursos en gran parte deben ir para la protección del medio ambiente», dijo en relación con la propuesta oficial de dejar el 80 % del dinero a libre disposición. Incluso enfatizó la urgencia de destinar un 10 % del recaudo a frenar la minería ilegal, alertando que el año pasado dejó más de US$8.000 millones “en los bolsillos de los bandidos».

También criticó que se priorice el recaudo fiscal sobre el propósito ambiental que dio origen al tributo durante el gobierno Santos y sus posteriores modificaciones en las administraciones Duque y Petro, en referencia a la intención de reducir el beneficio de compensación ambiental.

Centro Democrático insiste en reconfigurar la carga tributaria

El senador Juan Espinal reafirmó el respaldo del Centro Democrático a las medidas de austeridad del proyecto, como la reducción de la burocracia y la eliminación de entidades innecesarias, pero advirtió que la carga tributaria debe ser reconfigurada.

El congresista destacó triunfos previos de la bancada en la negociación del articulado, como el desmonte del IVA a la canasta familiar y al sector salud, pero insistió en que el impuesto al carbono requiere un tratamiento sensato.

De hecho, aseguró que no apoyará el texto si el Gobierno no cede. «Si ellos persisten con el impuesto al carbono como lo tienen planteado, yo no voto esos artículos. Así como no voto tampoco los artículos del IVA para los vehículos eléctricos. Hay unas líneas rojas», señaló.

De hecho, Espinal mencionó la importancia de dar trámite a la ley de competitividad en la Cámara y abordar la crisis de liquidez en el sector eléctrico, insistiendo en destinar parte de los $1,2 billones en subsidios del sector para sanear las deudas con generadoras y operadores como Afinia y Air-e.

Pese a las diferencias, el senador resaltó la disposición al diálogo con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, aunque insistió en su independencia como congresista.

El cronograma de la tributaria contempla tres audiencias públicas en Barranquilla, Cali y Bogotá, con miras a iniciar el primer debate en comisiones conjuntas durante la primera semana de diciembre. El objetivo es lograr su aprobación antes del 16 de diciembre, fecha límite del periodo de sesiones ordinarias.

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