Bajo la lupa por las protestas que se vienen en octubre, la realidad en Colombia está marcada por el seguimiento del aumento del salario mínimo en 2027 de acuerdo con el concepto de los expertos.
El próximo ajuste pondría entre $ 110.132 y $ 175.091 más en el sueldo mensual de quienes lo reciben, antes de descuentos. El informe financiero de Crowe Co, firma de auditoría, compara tres alternativas y apunta a que el Gobierno deberá equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los hogares con las obligaciones de las empresas.
También habría otro costo: un restaurante con 30 empleados que ganen el mínimo y trabajen cuatro turnos de ocho horas al mes durante el descanso obligatorio pagaría $ 1,44 millones más mensuales solo en recargos si el sueldo subiera 8 %. Ese adicional crecería 20 % desde julio para negocios que sigan la aplicación gradual de la reforma laboral.
“La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia”, explicó Pedro Sarmiento Pérez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia.
La discusión parte de $ 1’750.905 de sueldo básico y $249.095 de auxilio de transporte en 2026. Con corte al 11 de octubre, el Dane reportó una inflación anual de 6,29% en septiembre y el Banco de la República mantiene su tasa en 12,25%, tras la decisión del 30 de septiembre.
La fijación del salario mínimo tiene reglas legales. El artículo 53 de la Constitución protege el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, y el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 exige buscar primero un acuerdo entre Gobierno, trabajadores y empleadores. Si no hay consenso, el Ejecutivo debe definir el ajuste a más tardar el 30 de diciembre, con base en la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional, entre otros parámetros. La Sentencia C-815 de 1999 exige que esa decisión esté debidamente motivada.
A la negociación de 2027 se suma un debate judicial sobre el ajuste anterior. El Consejo de Estado debe resolver si el aumento del 23 % fijado para 2026 mediante el Decreto 1469 de 2025 cumplió esas exigencias legales. El proceso está en su etapa final y podría haber un pronunciamiento en los próximos días, aunque no existe una fecha oficial para la sentencia. En julio, el tribunal revocó la suspensión provisional del decreto, por lo que el salario mínimo de $ 1’750.905 sigue vigente mientras se decide el fondo del asunto.
El estudio compara alzas de 6,29 %, 8 % y 10 %. El 8% sirve como escenario intermedio para mostrar cómo se combinan salario y recargos. Son simulaciones, no propuestas oficiales: la negociación dependerá de la inflación de cierre y las cifras de productividad.
Con ajustes de 6,29 %, 8 % y 10 %, el básico quedaría en $1’861.037, $1’890.977 y $ 1’925.996, respectivamente, desde enero. El ingreso disponible sería menor: se descuenta el 4 % para salud y 4 % para pensión, antes de otras deducciones.
El auxilio de transporte en cada caso respectivo sería de $ 264.763 (total de $ 2’125.800), $ 269.023 (total de $ 2’160.00) y de $ 274.005 (total de $2’200.001), en los casos de de 6,29 %, 8 % y 10 %.
El auxilio tiene una cuenta aparte. Si también subiera 8%, agregaría $ 19.928 y la mejora conjunta llegaría a $ 148.794 para quien tenga derecho a recibirlo. Si permaneciera igual, el beneficio se limitaría al ajuste del sueldo después de aportes.
“Si el transporte absorbe buena parte de la mejora, la familia siente que recibió menos. El auxilio merece una discusión propia, ligada al costo de llegar al trabajo”, añade Sarmiento.
Además, importa cuánto suban los precios. Si aumentaran 7% durante 2027, una subida salarial de 8% mejoraría la capacidad de compra apenas 0,93%. Es un supuesto del ejercicio, no un pronóstico oficial. El hogar tendría más pesos, pero compraría poco más.
La Ley 2466 de 2025 ordena que el recargo por trabajar en descanso obligatorio pase de 90% a 100% de la hora ordinaria el primero de julio de 2027. El domingo se presume como ese día, salvo acuerdo escrito para cambiarlo.
Para un empleado que gana el mínimo, con jornada de 42 horas semanales, ese pago adicional equivale hoy a $ 7.504 por hora. Si el sueldo aumentara 8%, llegaría a $ 9.005 desde julio. Una jornada de ocho horas sumaría $ 12.006 más únicamente en recargos, antes de prestaciones y aportes.
El incremento del 20% corresponde a ese adicional, no a toda la remuneración ni a la nómina completa. Quienes ya pagan el recargo del 100% no enfrentarían el segundo salto previsto en la ley.
“La salida pasa por ayudar a las pequeñas empresas a producir más por hora. Sin crédito accesible y mejor organización, la discusión termina repartiendo una presión que nadie sabe cómo absorber”, sostiene Sarmiento.
El Gobierno deberá evaluar inflación, productividad, crecimiento y protección del trabajo, con cifras definitivas de 2026. El informe pide considerar en diciembre las obligaciones de 2027 y medidas para sostener la contratación formal. El reto será mejorar lo que una familia puede comprar y ayudar a que el negocio mantenga los empleos que la sostienen.
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