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El sector financiero se pronunció sobre el estatuto antiterrorista impulsado por Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, el cual en uno de los puntos estudia limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor.
(Vea también: De la Espriella quiere eliminar el 4×1.000 y detallan plan para lograrlo; habría alivio al bolsillo)
Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), por medio de su cuenta en X celebró la noticia, afirmando que “la compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos”.
A su vez, resaltó que seguir la ruta del dinero es “fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
Y es que eso es precisamente lo que busca de la Espriella con el proyecto de ley, el cual tiene como objetivo fortalecer las herramientas del Estado para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal. Lo anterior fue dicho por el mandatario de los colombianos durante su alocución de ayer lunes 12 de octubre.
¿Qué contempla el estatuto antiterrorista?
Entre otros detalles que entregó, el estatuto antiterrorista contemplará la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes y la prohibición de celebrar contratos con el Estado. También establecerá sanciones para quienes utilicen drones para atacar a la población civil o a integrantes de la Fuerza Pública.
Adicionalmente, incluirá castigos para la asonada contra miembros de la Fuerza Pública y mecanismos para reducir sustancialmente las penas de quienes entreguen información efectiva antes de la formulación de la acusación.
La propuesta, explicó el presidente de Colombia, deberá pasar por el Congreso de la República, como parte del trámite legislativo, siendo presentada por el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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