Colombia enfrenta un fuerte déficit de infraestructura para atender el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos.
Según la Hoja de Ruta de Movilidad Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, el país necesitará cerca de 20.000 puntos de carga para 2030, lo que demandaría inversiones de entre US$255 millones y US$390 millones.
Sin embargo, la infraestructura actual está muy lejos de esa meta. El reporte más reciente del RUNT, correspondiente a mayo, registraba 520 puntos de carga públicos en el país.
Aunque se han anunciado nuevos proyectos, entre ellos al menos 50 electrolineras que instalaría BYD para mediados de 2027, la brecha continúa siendo amplia.
La necesidad aumenta por el crecimiento de las ventas de vehículos electrificados.
En septiembre se matricularon 5.895 vehículos eléctricos y 11.261 híbridos, para un total de 17.156 unidades. Por primera vez, estas categorías superaron a los carros de combustión, que registraron 16.679 matrículas.
Este escenario convierte la instalación de cargadores en una oportunidad de negocio para empresas privadas. Juan Esteban Martínez, presidente de Acomoves, considera que la infraestructura debe estar principalmente en manos de privados y señala que existe un negocio importante por desarrollar.
Actualmente, fabricantes, empresas privadas y gobiernos locales participan en la expansión de las electrolineras.
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