Así como salió a flote un millonario contrato que estaba RTVC por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y que al final no se concretó, otro documento que no prosperó quedó en evidencia.
En este caso apunta a Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, que recibió un duro golpe a poco del final del gobierno en relación con sus garantías de seguridad personal, según reveló Semana.
En el Ministerio de Defensa estaba listo un decreto que modificaba el Decreto 1069 de 2018, a través del cual se reglamenta la protección y seguridad para expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.
En el artículo 3 de dicha normativa, se otorga esquema de protección vitalicio a expresidentes y exvicepresidentes, incluyendo a sus cónyuges, incluso si son sobrevivientes.
La disposición legal vigente establece textualmente las condiciones de resguardo para los exmandatarios y sus familias mediante un parámetro normativo puntual.
“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y su cónyuge supérstite, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, el cual se determinará de acuerdo a los resultados del estudio de nivel de riesgo que elabore la Policía Nacional”, indica.
Lo cierto es que desde la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa tenían listo un decreto con el que ampliaban esto a quienes, en su momento, fueron pareja de un presidente en ejercicio, como el caso de Verónica Alcocer, que salió recientemente de Colombia.
La modificación propuesta buscaba extender los beneficios permanentes a las exparejas presidenciales.
“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y sus cónyuges, incluidos quienes hayan ostentado dicha calidad mientras los primeros cumplieron su periodo constitucional y los supérstites, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio”, dice el nuevo texto.
El borrador llegó al despacho de Angélica Verbel, ministra encargada de Defensa, un día después de asumir el cargo en la entidad estatal en el remate de la actual administración.
De acuerdo con la información de semana, se conoció que el documento se envió con aprobación del jefe jurídico de la cartera, proveniente directamente desde el Ministerio del Interior para su aval.
El mencionado medio indicó que fuentes oficiales aseguran que, al ser requerida su firma, Verbel se negó de forma categórica, rompiendo en dos el borrador en físico presentado.
El trámite requería la firma de Armando Benedetti, ministro del Interior; Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, y de Verbel, como ministra de Defensa encargada.
Fue de esta manera como la funcionaria, que era viceministra de Estrategia y Planeación, frenó el esquema vitalicio para la ex primera dama en este momento.
Alcocer se encuentra fuera del país en medio del escándalo por los explosivos audios de Eva Ferrer revelados, donde la catalana dice que el círculo cercano de la expareja de Gustavo Petro es una “banda de criminales”.
Audios sobre Verónica Alcocér con señalamientos de Eva Ferrer
La filtración de audios de la exconsejera presidencial Eva Ferrer desató un grave escándalo político sobre presuntas irregularidades en el entorno cercano de Verónica Alcocer.
En los audios difundidos sobre Alcocér y por los que la Fiscalía abrió investigación, la exfuncionaria califica al círculo de la ex primera dama con duras expresiones al afirmar rotundamente: “Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales”.
Las grabaciones exponen supuestos manejos irregulares de dinero en efectivo en entidades públicas, afirmando abiertamente: “Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica”.
Asimismo, la exasesora denuncia la presunta utilización de personas cercanas para ocultar bienes patrimoniales, sosteniendo enfáticamente: “Verónica tiene de testaferros a varios primos”.
La exconsejera detalla la entrada de considerables sumas de recursos monetarios en espacios privados: “Dinero en cajas y bolsas, de ella y Carolina Plata”.
Ferrer asevera que cobraban tarifas ilegales por tramitar citas en la agenda oficial: “A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros” por cada reunión realizada.
Igualmente, la exasesora Eva Ferrer señala el extravío de importantes presupuestos estatales asignados: “Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000 millones. En cash ¿Quién los tiene?”.
Sobre la financiación de estrategias digitales, la exfuncionaria señala a Manel Grau: “Ha pagado las bodegas. […] a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas”.
Ante las delicadas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal para verificar la autenticidad de los audios y delimitar responsabilidades.
Por su parte, Verónica Alcocer negó tajantemente las acusaciones y manifestó su absoluta disposición para colaborar con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos.
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