Esposado de pies y manos, con la cabeza rapada y sometido a estrictos controles de seguridad, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, ingresó al complejo penitenciario de La Picota. El traslado se dio en estricto cumplimiento de la orden impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; sin embargo, la reacción de su defensa no se hizo esperar y desató un nuevo y tenso pulso jurídico.
Gustavo Moreno, abogado defensor de Pinilla, salió al paso de la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026 —con la cual el Inpec formalizó el traslado de Pinilla, Olmedo López y otros dos internos— para exigir de manera categórica que la medida sea dejada sin efectos. Según argumentó el jurista a través de sus redes sociales, existe una orden judicial vigente que estipula de forma clara que su cliente debe permanecer recluido en un establecimiento de carácter militar y no en una cárcel común del orden nacional, según informó El Tiempo.
El meollo del reclamo radica en la condición de testigo colaborador que ostenta el exfuncionario dentro del gigantesco entramado de corrupción de la Ungrd. Para la defensa, ignorar las directrices de protección judicial y confinarlo en un penal de máxima seguridad como La Picota no solo vulnera las garantías pactadas por su cooperación con la justicia, sino que lo expone a un peligro inminente. “Sneyder Pinilla cooperó con la justicia, participó en una agencia encubierta y sigue siendo testigo en procesos de corrupción”, alertó Moreno, advirtiendo que descuidar su seguridad bajo estas condiciones puede tener el efecto indirecto de silenciarlo.
El choque institucional se produce horas después de que el propio presidente De La Espriella publicara los videos del operativo de traslado, ratificando su política de mano firme contra los exfuncionarios procesados. El mandatario fue implacable al justificar la decisión, señalando que su administración no tolerará tratos preferenciales. “Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”, escribió el jefe de Estado, recalcando que en su gobierno “no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios” y que nadie está por encima de la ley, sin importar el poder, las influencias o los amigos que posea.
Por su parte, el Inpec fundamentó la determinación en las facultades de la Ley 65 de 1993 y el Código de Procedimiento Penal, amparándose en razones de seguridad penitenciaria y prevención de actividades delictivas. No obstante, la férrea oposición de la defensa de Pinilla abre un nuevo capítulo de fricciones sobre el manejo de los testigos clave en los mayores escándalos de corrupción del país, dejando en el centro del debate el choque entre el endurecimiento carcelario ordenado por la Casa de Nariño y las salvaguardas de protección exigidas por los estrados judiciales.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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