Un nuevo escándalo sacude las altas esferas del Gobierno Nacional. La ministra de Salud, Ana María Vesga, reveló este lunes 7 de septiembre que fue mencionada de manera “abusiva” dentro de una serie de audios que evidenciarían la existencia de una red de corrupción enquistada en el sistema sanitario del país.
Según detalló la funcionaria en revista Semana, las grabaciones ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación. En los audios filtrados, presuntos implicados hablan abiertamente sobre una supuesta gestión de recursos y pagos del Ministerio, mencionando la necesidad de otorgar un porcentaje del 8 % en coimas, repartido entre la jefa de cartera y su equipo de trabajo técnico.
Ante la gravedad de los señalamientos, Vesga negó categóricamente haber autorizado o solicitado algún tipo de comisión o porcentaje por las decisiones administrativas de la entidad. “Quien haya utilizado mi nombre para recoger dinero o pretender negociar con los recursos públicos tendrá que responder ante las autoridades y la justicia”, afirmó de manera tajante la ministra.
Asimismo, la jefe de la cartera de salud advirtió que los hallazgos de esta denuncia serán cruzados de forma exhaustiva con resoluciones, proyectos, soportes presupuestales y registros de beneficiarios para identificar a los posibles responsables detrás de estas maniobras ilícitas. La revisión administrativa se llevará a cabo de manera paralela a la indagación penal que adelanta el ente acusador.
“Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios y políticos; son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos”, enfatizó Vesga, comprometiéndose a revisar cada peso que transite por la entidad.
La ministra cerró enviando un mensaje claro a los actores del sector: en el Ministerio de Salud no existen intermediarios autorizados para negociar y la única directriz vigente es la transparencia absoluta. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán establecer la autenticidad de los audios y dar con el paradero de los responsables de este entramado que busca lucrarse a costa del erario público destinado a la salud ciudadana.
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