Una denuncia de proporciones mayores sacude al sector turístico colombiano. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reveló que en el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se firmaron 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, en lo que las nuevas autoridades califican como presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Las cifras son elocuentes por sí solas. Según la denuncia oficial, en apenas dos de esos cuatro días se comprometieron más de 100.000 millones de pesos. La velocidad con la que se suscribieron los contratos, sumada a los hallazgos preliminares, encendió las alarmas del nuevo gobierno sobre lo ocurrido en la entidad durante la administración anterior.
El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien señaló que las investigaciones ya están en marcha. “En Fontur, durante los 4 días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmaron 148 contratos por más de 125 mil millones de pesos. Escuchen bien, 148 contratos en apenas 4 días. Y algo todavía más grave, en solo 2 días comprometieron más de 100 mil millones de pesos”, afirmó el funcionario en el mensaje divulgado.
Más allá de las cifras, el gobierno apuntó a posibles faltas de fondo. “Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas”, advirtió, al tiempo que cuestionó el destino de esos recursos: “¿Qué estaban tratando de hacer a última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar toda esa plata?”.
La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, y el gobierno anunció traslado inmediato a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes. El funcionario fue enfático al señalar que “el gobierno anterior tiene que responder por lo que ocurrió en Fontur”.
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¿Qué es la Ley de Garantías y por qué es relevante en este caso?
La Ley de Garantías es una norma que restringe la contratación pública durante períodos electorales para evitar que los gobiernos de turno utilicen recursos del Estado con fines políticos. Su entrada en vigor marca un límite legal, y la concentración de contratos justo antes de ese umbral es precisamente lo que generó las sospechas de las nuevas autoridades.
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