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Escrito por:  Óskar Ortiz
Redactor y estratega SEO     Sep 9, 2026 - 5:45 pm

Juliana Guerrero enfrenta un panorama legal complejo luego de la entrega de dos títulos falsos obtenidos de la Fundación Universitaria San José a mediados de 2025, escándalo que llegó a un nuevo capítulo.

Un juez de conocimiento de Bogotá ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para determinar si la implicada cometió otra infracción penal.

La determinación judicial atendió formalmente una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso en curso contra la investigada.

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“Se efectuará la respectiva compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en calidad determinadora”, indicó.

El despacho aclaró minuciosamente que dicho trámite procesal contra Juliana Guerrero no constituye prejuzgamiento alguno ni equivale a una sentencia condenatoria previa sobre la joven procesada.

“Frente a este aspecto, recuérdese que los hechos jurídicamente relevantes -y yo fui claro desde el principio en esta diligencia-, los hechos por los cuales está siendo investigada la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, son el uso de ese documento para acreditar una calidad que no tenía para obtener un nombramiento. No más, no menos”, advirtió.

Las autoridades competentes continuarán recopilando pruebas para esclarecer completamente la situación jurídica de la imputada en el territorio nacional.

¿Qué pasó con el caso de Juliana Guerrero?

Juliana Andrea Guerrero Jiménez fue condenada este 9 de septiembre de 2026 a 36 meses de prisión por fraude procesal.

El Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá avaló un preacuerdo alcanzado entre la exasesora del Ministerio del Interior y la Fiscalía.

Guerrero también recibió una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos en el país.

El caso se originó cuando Guerrero, el 3 de septiembre de 2025, cargó al Sigep II diplomas académicos presuntamente falsos.

Los documentos correspondían a títulos de tecnóloga en Gestión Contable y profesional en Contaduría Pública, emitidos por la Fundación San José.

Según la Fiscalía, las actas de grado tenían fecha del primero de julio de 2025, sin cumplir requisitos académicos reales.

Guerrero buscaba entonces asumir como viceministra de las Juventudes, dentro del Ministerio de la Igualdad del gobierno Petro.

Durante la audiencia, la procesada admitió su responsabilidad penal y presentó disculpas públicas a la comunidad educativa afectada.

El exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, también aceptó responsabilidad por la falsificación de títulos.

Gutiérrez fue condenado previamente a 36 meses de prisión por expedir certificados académicos irregulares a Guerrero.

El proceso judicial atravesó varios aplazamientos, incluidos dos ausencias de Guerrero a diligencias programadas en febrero y agosto.

Tras la condena, el procurador judicial solicitó compulsar copias para investigarla adicionalmente por falsedad en documento público.

Esa nueva solicitud se presentó en la misma audiencia del 9 de septiembre, ante el mismo despacho judicial.

La senadora Jennifer Pedraza, quien investigó el caso durante más de un año, celebró públicamente la decisión judicial.

Pedraza pidió además al Ministerio de Educación abrir una investigación detallada sobre las prácticas de la Fundación Universitaria San José.

El expresidente Gustavo Petro había defendido públicamente a Guerrero en distintos consejos de ministros y escenarios oficiales.

El caso tomó relevancia pública en 2025, tras denuncias periodísticas y de la propia Pedraza sobre inconsistencias académicas.

Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos obligatorios para obtener los títulos reportados.

La defensa de Guerrero anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial recientemente conocida.

El fallo se conoce en medio de un debate público sobre presuntas irregularidades académicas en cargos estatales colombianos, caso en el que la sociedad estuvo muy al tanto por lo insólito.

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