Este miércoles 9 de septiembre, Juliana Andrea Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal dentro del proceso que se adelanta por los documentos falsos que presentó para acreditar su formación académica.
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Durante la diligencia, el juez le explicó que la aceptación de cargos implicaba la imposición de una pena y una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas. También le recordó que tenía derecho a ir a juicio, presentar pruebas y llevar testigos para defender su inocencia.
Guerrero respondió afirmativamente a cada una de las preguntas y confirmó que entendía las consecuencias de la decisión que estaba tomando. Pero el momento más llamativo llegó cuando el juez le pidió que explicara, con sus propias palabras, cuál era el acuerdo al que había llegado con la Fiscalía.
Acá, ese momento:
Guerrero respondió que admitía haber cometido fraude procesal porque actualizó su hoja de vida presentó documentos falsos ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de “quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de juventudes”.
Después explicó que, mediante esa actividad que calificó como fraudulenta, se materializó el fraude procesal.
¿Qué reconoció Juliana Guerrero ante el juez?
La declaración resulta relevante porque fue la propia Guerrero quien explicó ante el despacho judicial qué conducta estaba aceptando y cuál era la finalidad que, según sus palabras, tenía cuando actualizó su hoja de vida y presentó los documentos fraudulentos .
Antes de llegar a ese punto, el juez verificó que la decisión de aceptar cargos fuera tomada de manera libre, consciente y voluntaria.
También le preguntó si estaba consumiendo algún medicamento, sustancia o elemento que pudiera afectar su capacidad para comprender lo que estaba ocurriendo. Guerrero respondió que no.
Posteriormente, cuando el juez le preguntó si alguien la había presionado para aceptar los cargos, respondió que tomó la decisión de manera libre.
¿Qué pena aceptó Juliana Guerrero?
En la audiencia también quedó consignado el alcance del acuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía.
Según lo explicado durante la diligencia, el acuerdo contempla una pena de tres años de prisión, una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas durante 2,5 años y una multa de 100 salarios mínimos.
Sin embargo, el juez todavía debe adelantar el trámite correspondiente para determinar la legalidad del acuerdo y continuar con el proceso judicial.
Polémicas y logros de Petro
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