El Gobierno Nacional destapó un panorama crítico en el sistema de protección social tras revelar graves hallazgos administrativos y financieros derivados de las intervenciones a 11 de las 42 cajas de compensación familiar que operan en el país. La cifra, que implica que una de cada cuatro entidades de este tipo se encuentra intervenida o bajo medidas de vigilancia especial, pone sobre la mesa el manejo de recursos públicos vitales para los trabajadores.
La denuncia fue hecha pública por Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, a través de un video institucional en el que recordó que durante 2025 estas entidades administraron cerca de 14,1 billones de pesos, provenientes del aporte del 4 % de la nómina que realizan los empleadores. Dichos recursos están destinados legalmente a subsidios, vivienda, recreación y bienestar para las familias afiliadas.
Uno de los casos expuestos con mayor detalle corresponde a Comfamiliar Atlántico, medida de intervención que fue ordenada en julio de 2026. Esta entidad cuenta con 278.000 afiliados y agrupa a cerca de 601.000 beneficiarios.
Según el reporte oficial, la intervención se originó por serios riesgos en la gestión financiera y el gobierno corporativo. Posteriormente, durante una revisión liderada por el Ministerio de Trabajo en Barranquilla, se descubrieron modificaciones en la estructura administrativa y la creación de cargos en los últimos días de la administración pasada que no dejan espacio a ambigüedades.
El informe también alertó sobre contratos de larga duración que superarían el periodo de la propia intervención, posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas vinculadas a la entidad y organismos de control. A esto se sumaron modificaciones contractuales de impacto millonario, además de presuntos casos de acoso laboral y maniobras fraudulentas. La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, calificó los hallazgos como “graves y lamentables”, por lo que la documentación será remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría.
El Ministerio Público mantiene un monitoreo constante sobre los procesos de intervención y planes de mejoramiento en entidades como Comfaguajira, Comfamiliar Atlántico y Comfenalco Antioquia, velando por las garantías de transparencia y el debido proceso en las asambleas generales y elecciones de órganos directivos.
En el caso específico de Comfenalco Antioquia —que atiende a más de 436.000 trabajadores afiliados y un impacto cercano a 885.000 personas—, el Gobierno denunció la existencia de lo que denominó “la telaraña azul”. Con este término se refirió a una presunta red de intereses políticos que habría buscado controlar de manera irregular más de un billón de pesos, con nexos que, según la denuncia ministerial, llegarían hasta excongresistas.
Ante el grueso de las denuncias, el Ejecutivo fue enfático en señalar que las 11 cajas bajo medidas de control no son una cifra que se pretenda ocultar y que los procesos investigativos avanzarán hasta las últimas consecuencias, sin importar la administración de origen.
“Estas cajas son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista”, puntualizó el vocero del Gobierno, reiterando el llamado a enfrentar la verdad con transparencia para proteger el bienestar social en el país.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
