La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puso en evidencia nuevas dimensiones de la violencia que sufrieron los niños, niñas y adolescentes reclutados por las extintas Farc. A partir de los relatos de las víctimas, el tribunal documentó ejecuciones, torturas, castigos y agresiones contra menores que permanecían en las filas de esa guerrilla contra su voluntad.
(Vea también: JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por crímenes graves de los Bloques Caribe y Magdalena Medio en el norte de Colombia)
Uno de los hallazgos más graves corresponde a 62 menores que fueron fusilados por supuestas faltas o comportamientos que sus superiores consideraban sancionables, según recogió Caracol Radio.
De acuerdo con la emisora, entre los motivos registrados aparecen situaciones tan cotidianas como comer una panela o un chocolate sin autorización, fumar un cigarrillo, ponerle sal al café o quedarse dormido durante un turno de guardia.
Los testimonios también describen castigos contra quienes intentaban comunicarse con sus familiares o manifestaban su intención de abandonar el grupo armado y regresar a sus hogares. Otros menores habrían sido ejecutados por negarse a participar en actos de violencia extrema, como torturar a personas secuestradas, o por denunciar abusos sexuales cometidos por comandantes.
La información fue recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP mediante 214 entrevistas a víctimas de reclutamiento. En esos relatos también se describieron jornadas y tareas que superaban las capacidades físicas de los menores, así como privaciones de comida y sueño utilizadas como castigo cuando no cumplían con entrenamientos de manejo de armas y explosivos.
En el marco de esta investigación, la jurisdicción llamó a nueve antiguos integrantes de las Farc a reconocer su máxima responsabilidad por los crímenes documentados contra los menores que fueron incorporados de manera forzada a la organización.
Por comer panela sin permiso, echarle sal al café, estar desmoralizados o intentar contactar a sus familias, las Farc fusiló a menores de edad. La JEP documentó 62 ejecuciones. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/jtpgDMnc7V
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026
Torturas, ejecuciones y violencia contra niñas reclutadas
La JEP identificó dos patrones de violencia dentro de los hechos investigados. En el primero encontró elementos para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a torturas y otras 28 recibieron tratos crueles. Además, documentó 208 casos de condenas y ejecuciones que se habrían cometido sin un juicio previo o sin las garantías indispensables.
El segundo patrón está relacionado con las violencias reproductivas. La Sala de Reconocimiento documentó 218 víctimas y un total de 356 hechos, debido a que algunas mujeres y niñas sufrieron más de una agresión durante su permanencia en las filas de las Farc.
De ese conjunto, 313 hechos ocurrieron cuando las víctimas todavía eran niñas. Entre las prácticas identificadas figuran la anticoncepción forzada, los abortos impuestos, los maltratos relacionados con esos procedimientos y la entrega forzada de recién nacidos a terceras personas. La investigación también registró dos asesinatos de bebés.
Los nueve exintegrantes de las Farc llamados por la JEP
Los antiguos integrantes de la guerrilla que fueron llamados a reconocer su responsabilidad son Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’; Fabián Ramírez Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’, quien hizo parte del Estado Mayor y del Comando de Dirección del Bloque Sur; y Floresmiro Burbano, conocido como ‘Martín Corena’.
La lista también incluye a Darío Lee Díaz, alias ‘Robledo’ o ‘Tatareto’; Ángel Alberto García Sánchez, conocido como ‘Hernán Benítez’; Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; y Jesús Mario Arenas Rojas, conocido como ‘Marcos’ o ‘Marcos Urbano’.
Completan el grupo Edgar López Gómez, alias ‘Pacho Chino’ o ‘Francisco González’, y Abelardo Caicedo Colorado, conocido como ‘Solís Almedia’.
Los nueve comparecientes cuentan con un plazo de 20 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos que les atribuyó la JEP. Si alguno no reconoce su responsabilidad, el expediente correspondiente podrá pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción, que se encarga de adelantar los procesos judiciales.
En caso de llegar a juicio y ser declarados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según el procedimiento previsto para quienes no aceptan los cargos.
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