En un episodio más de la profunda inconformidad y desazón que le produjo la derrota frente a Abelardo de la Espriella, el excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo no satisface una docena de condiciones, entre ellas, la de renunciar a su ciudadanía estadounidense. Las declaraciones y actitud de Cepeda dejan ver un cambio drástico después de que aceptó los resultados de las elecciones, reconoció el triunfo de De la Espriella y, especialmente, luego de reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
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El aviso de Cepeda se suma a otros hechos que ya anunciaban cuál iba a ser la postura del progresismo dirigido por Petro si no conseguía conservar el poder: el presidente no reconoció los resultados de ninguna de las dos vueltas presidenciales (en lo que lo secundó de inmediato Cepeda, aunque después morigeró su actitud), y hasta sugirió que estaba dispuesto a dejar el cargo para ponerse al frente de la campaña de Cepeda. En este contexto, se produjo la absurda decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, de firmar una resolución que suspendía del cargo al mandatario.
Desobediencia civil implica el “deber natural de civilidad”
Ya vencidos en las urnas, Petro y Cepeda muestran su verdadero talante: el activismo, la invitación a las calles y el estado en el que han permanecido incluso ejerciendo el poder, el de la eterna oposición y agitación social. En todos esos escenarios han sido exitosos. De hecho, al jefe de Estado se le ha reconocido que eso es lo que sabe hacer, razón por la cual no supo gobernar. En línea con todo esto, ahora Cepeda saca de la manga la carta de la desobediencia civil, un recurso tan válido en las sociedades democráticas como peligroso en las sociedades altamente polarizadas.
El concepto de desobediencia civil fue introducido en la teoría política occidental moderna hace 150 años por el escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau. Desde entonces, se ha considerado un mecanismo de la democracia en funcionamiento, una manera de integrar a los ciudadanos en el funcionamiento democrático, pero, sobre todo, una de las formas de expresión del desacuerdo ciudadano con las autoridades y del desacuerdo de las minorías con la mayoría. En el caso de Colombia, después de las elecciones, no se puede ver a la izquierda como una minoría, por lo que tratar de instrumentalizar a más de 12’700.000 ciudadanos puede ser riesgoso.
En el siglo pasado, el filósofo también estadounidense John Rawls profundizó en la idea de desobediencia civil en su obra fundamental ‘Teoría de la justicia’ (1971), en la que la define como “un acto público, no violento, consciente y político contrario a la ley, generalmente realizado con el objetivo de provocar un cambio en la legislación o las políticas gubernamentales”, y que siempre está correlacionado con el concepto de contrato social (esquema conceptual de organización social: los miembros de la sociedad delegan parte de sus derechos [y libertades] al Estado a cambio de garantías de seguridad y orden social).
Sobre el contrato social, Rawls habla del “deber natural de civilidad”, que implica no invocar las fallas de las estructuras sociales como una excusa fácil para no cumplirlas, ni explotar las inevitables lagunas en las normas para promover intereses particulares.
Gandhi y el “error más grande que el Himalaya”
Pero en el siglo pasado una figura, quizá la más emblemática, que no teorizó, sino que llevó a la práctica la idea de desobediencia civil más representativa fue Mahatma Gandhi, que apeló a ella para liberar a la India del dominio británico. En Colombia, muchos de los que están de acuerdo con Cepeda han invocado al dirigente político pacifista, pensador y abogado hinduista indio, para justificar la advertencia del candidato presidencial derrotado en las urnas. Sin embargo, Gandhi hizo una advertencia que también se debería considerar.
Gandhi fue el padre de la noviolencia moderna, y a las formas de lucha sin uso de las armas de fuego les puso el nombre de ‘satyagraha’, una estrategia de resistencia no violenta y desobediencia civil utilizada para enfrentar la injusticia mediante la transformación moral del opresor, en lugar de recurrir a la fuerza física. En muchos conflictos, la preocupación de Gandhi fue satisfacer a las partes enfrentadas y asegurar su contribución mutua al logro de la verdad. Pero, para Gandhi, la eficacia de la desobediencia civil depende de si se convierte en un acto de ‘satyagraha’.
Eso quedó demostrado en 1919 durante la campaña masiva de ‘satyagraha’ contra el proyecto de ley Rowlatt, una norma de la India británica que permitió encarcelar a activistas indios sin juicio previo hasta por dos años. Los británicos la crearon para detener las protestas nacionalistas. La indignación pública llevó a Gandhi a iniciar su primera protesta nacional masiva, que se salió de curso, por lo menos del que esperaba el líder político, y derivó en disturbios masivos y revueltas brutales e insensatas. Los intentos de Gandhi por detener los disturbios fracasaron.
La reacción del gobierno también fue brutal, y uno de los eventos de su reacción fue la masacre de Amritsar. Lo que Gandhi llamó “un error tan grande como el Himalaya” consistió en la decisión de iniciar la campaña de desobediencia civil con personas que no estaban preparadas para tal campaña, ni espiritual ni políticamente. Solo una persona acostumbrada a la obediencia cotidiana y a los principios de las leyes es capaz de juzgar qué ley es buena y justa y cuál es mala e injusta. Por lo tanto, la desobediencia civil debe inspirarse no solo en un sentimiento de protesta contra la injusticia, sino principalmente en el respeto a la justicia.
Cabe una pregunta a la sombra de la enorme figura de Gandhi y del episodio de desobediencia pacífica contra el proyecto de ley Rowlatt. ¿Están preparados, espiritual y políticamente, los más de 12’700.000 ciudadanos que reclama Cepeda como su caudal político (muchos de los cuales no habrían votado por él, sino contra De la Espriella) para iniciar una campaña de desobediencia civil sin que derive en hechos violentos en un país profundamente dividido, violento, con significativa presencia de actores armados en los territorios, más unas primeras líneas con ganas de volver a la acción en las ciudades, como han amenazado?
Buena parte de la respuesta podría estar en las palabras de Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), cuyas palabras siguen retumbando en Colombia. Sus arengas no admiten mayores comentarios: “Lo que se viene, camaradas, es calle. Así que compren zapatos porque va a tocar gastar zuela. Esa es nuestra tarea: hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella. Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputas, somos una plaga, y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ni mierda, aquí estamos, y no nos vamos a mover un solo paso, camaradas”.
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