El pasado lunes 3 de agosto, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE), con apoyo del Ministerio de Eduación, presentó los resultados de cuatro años de trabajo en la construcción y mejoramiento de colegios en zonas históricamente abandonadas por el Estado. El balance quedó plasmado en un libro interactivo que permite rastrear obra por obra en cada uno de los departamentos intervenidos.
Durante la entrega, también se mostró el corto documental ‘Abriendo camino’, en el que se relata la historia de tres estudiantes de Cunday (Tolima) y cómo sus vidas han cambiado desde el momento en el que el FFIE intervino en la construcción de su escuela: la I. E. San Antonio, sede La Victoria.
“Estoy enamorada de mi profesión y más del contexto rural, al cual me he dedicado por más de 20 años, y si estaba enamorada antes cuando esta infraestructura no estaba para nada bien, ahora lo estoy más. Me siento agradecida con todos los que tuvieron que ver con esta maravillosa labor”, comento Luisa Puerta, profesora de la institución.
Por otro lado, se llevó a cabo un panel moderado por el periodista Santiago Rivas, y del cual hicieron parte el ministro de Educación, Daniel Rojas; el gerente del FFIE, Sebastián Caballero Ortega; la rectora del Instituto Teresiano de Túquerres (Nariño), Fabiola Caicedo López; la madre de familia Luz Albenis Casallas y un egresado del colegio San Juan Bautista de La Salle de Zipaquirá, Nicolás Correa Riaño, hoy estudiante de licenciatura en etnoeducación.
El ministro Rojas reconoció el panorama actual con cifras:
El déficit de infraestructura escolar en el país superó los 50 billones de pesos.
La inversión ejecutada durante este gobierno fue de $ 1,5 billones, la más alta desde 2015, año que se concibió el FFIE.
Caballero Ortega complementó el dato: sumado al rezago en educación superior (25 billones adicionales), la deuda total del país con la infraestructura educativa asciende a unos 75 billones de pesos, una cifra comparable al presupuesto anual completo de Bogotá.
“Toca priorizar unos colegios ante otros”, reconoció el ministro, quien relató que muchas de las obras se concentraron en zonas donde, según dijo, la única presencia previa del Estado había sido militar, como el Catatumbo. Allí, contó, se construyeron la Universidad del Catatumbo y un colegio en El Tarra tras un proceso de “planificación popular” con las comunidades, que incluyó pernoctar en los territorios y pedir permiso a las veredas para intervenir.
“Se hizo con amor”: las historias detrás de las obras
Caballero Ortega narró el caso de Ángel, un niño de El Tarra hijo de una madre viuda, cuya historia quedó registrada en el libro de rendición de cuentas. Según la madre citada por el funcionario, en la región solo existían históricamente tres caminos para los jóvenes: la guerra, las economías ilícitas o el desplazamiento. El gerente del FFIE también mencionó que contratar obreros para las construcciones en esa zona fue un reto, porque el jornal ofrecido para raspar coca resultaba más competitivo que el salario formal en las obras.
La rectora Fabiola Caicedo relató que el Instituto Teresiano de Túquerres, con 87 años de existencia, nunca había recibido una inversión del Ministerio de Educación hasta este gobierno, que financió una unidad sanitaria digna que la institución esperaba desde hace una década.
Luz Albenis Casallas, madre de familia, describió el contraste entre la infraestructura anterior, la cual no era apta para los menores, y la nueva sede escolar. Casallas pidió que la apuesta por la educación rural no dependa de un solo gobierno.
Nicolás Correa, egresado del colegio San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá, habló de la reconstrucción de la sede como la posibilidad de que otros estudiantes puedan estar en salones con tecnología avanzada y de la articulación con universidades para quienes se gradúan.
El panel cerró con la presentación del nuevo Plan Decenal de Educación 2026-2036, construido mediante un ejercicio de “planificación popular” con rectores, secretarías de educación, movimientos estudiantiles y asociaciones de padres. Rojas planteó cuatro ejes para el futuro de la política educativa del país:
Educación como derecho, no como servicio.
Esquemas de financiación sostenibles y no dependientes de un solo gobierno.
Formación para el ser y el saber, con más peso para el arte, la cultura y el deporte frente a modelos educativos “individualizados y competitivos”.
Universalización del programa de alimentación escolar, con cocinas propias en los colegios en lugar de alimentación industrializada.
El ministro también mencionó que el gobierno defendió ante la Corte Constitucional la construcción de colegios en el Catatumbo bajo la figura de estado de conmoción interior, argumentando que la educación es “la política más importante de seguridad integral”.
Pese al balance positivo presentado por el Gobierno, varias intervenciones del panel apuntaron a lo que aún está pendiente. Casallas insistió en que muchas veredas todavía no cuentan con escuela o tienen planteles en total abandono desde hace más de 30 años, y pidió una mejor articulación entre el Ministerio de Educación y las juntas de acción comunal para identificar esos vacíos.
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