Escrito por:  Redacción Nación
Nov 17, 2026 - 11:07 am

Los cuestionados manejos registrados al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro mantienen bajo la lupa de las autoridades tanto a sus antiguos directores —Manuel Casanova, Carlos Ramón González y Jorge Arturo Lemus— como a funcionarios de segundo nivel que conocieron de primera mano las operaciones de la llamada ‘policía del Presidente’. Según estableció la Unidad Investigativa de El Tiempo, una de las piezas determinantes en esa reconstrucción es Indira Isabel Molina Ariza, quien ejerció como inspectora de la entidad desde diciembre de 2022 y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Fuentes enteradas de las pesquisas revelaron que, durante su paso por el órgano de inteligencia, Molina Ariza adelantó averiguaciones internas de alto impacto y realizó varias compulsas de copias ante las autoridades competentes tras detectar graves anomalías administrativas y operativas. Entre sus hallazgos figuraron la opaca adquisición de un dron avaluado en 9.000 millones de pesos —aeronave que terminó siniestrada en la región del Catatumbo—, diversos negocios irregulares y el expediente relacionado con Carlos Andrés Oyola Tovar, contratista señalado de articular una red de piratas informáticos desde la institución; de hecho, René Guarín, último director de la DNI en la pasada administración, conoció esos reportes y sustentó parte de su informe de gestión en los insumos recolectados por la exinspectora.

Las mismas fuentes indicaron que Molina Ariza intentó en repetidas oportunidades ingresar a la Casa de Nariño con el propósito de informarle personalmente al entonces mandatario Gustavo Petro sobre las irregularidades que estaba documentando, pero distintos filtros dentro de Palacio le impidieron concretar el encuentro. A tal punto llegó la tensión interna por sus indagaciones que la funcionaria tuvo que solicitar que intercedieran por ella para que le aceptaran la renuncia a la Dirección Nacional de Inteligencia y así poder posesionarse en su actual cargo dentro de la magistratura capitalina.

El nombre de Indira Isabel Molina Ariza ya había ocupado titulares en junio de 2024, cuando certificó oficialmente que la DNI no había adquirido equipos tecnológicos para ejecutar interceptaciones, en medio de las denuncias formuladas por magistrados de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presuntos seguimientos ilegales bajo la dirección de Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con una amplia carrera en la Rama Judicial que incluye su desempeño como juez promiscuo municipal en el Tolima entre 2012 y 2018 y como Juez Primero Penal del Circuito de Ibagué desde 2018, la hoy magistrada no pudo ser contactada al cierre de esta edición para ampliar detalles sobre los hallazgos que dejó consignados antes de abandonar la entidad.

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