El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) amplió el embargo contra la Nueva EPS, elevando la cifra a 887.000 millones de pesos, el doble del monto decretado una semana antes.
Esta medida generó alarma en el sector salud, pues incluye recursos considerados inembargables por la ley, como los destinados al régimen subsidiado y a la atención médica de millones de usuarios, detalla Consultorsalud.
Expertos advierten que esta decisión agrava la incertidumbre jurídica y amenaza la sostenibilidad de la EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados en todo el país.
La agente interventora, Gloria Libia Polanía, expresó que los embargos vulneran el derecho fundamental a la salud y afectan la operación del sistema, al impedir el pago a clínicas, hospitales y proveedores, añade ese medio.
Actualmente, el juzgado de Florencia concentra cerca del 46 % de las demandas ejecutivas contra la entidad, siendo el despacho con más medidas cautelares del país.
Nueva EPS anunció que agotará todos los recursos judiciales disponibles y pidió al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la ADRES intervenir para detener los embargos.
Autoridades y expertos insisten en que los recursos de la seguridad social, según la Constitución y las leyes vigentes, no pueden ser objeto de retención judicial, agrega ese portal.
Por qué las EPS están en crisis en Colombia
Las EPS en Colombia enfrentan una profunda crisis por múltiples causas estructurales y financieras. En primer lugar, existe un grave problema de falta de liquidez: las entidades no reciben a tiempo los pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) ni de los entes territoriales, lo que genera retrasos en el pago a hospitales y clínicas.
Esta situación ha llevado a que la cartera hospitalaria supere los 24 billones de pesos, afectando la atención médica y el suministro de medicamentos. A esto se suman los altos costos del servicio de salud, impulsados por el aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y los fallos judiciales que ordenan tratamientos no incluidos en el plan básico.
Además, muchas EPS han sido mal administradas, con casos de corrupción, sobrecostos y falta de control en el manejo de los recursos públicos.
Las intervenciones y embargos judiciales, como el reciente caso de la Nueva EPS, agravan la situación al bloquear fondos destinados a la atención de los usuarios.
En conjunto, estos factores han provocado la insolvencia de varias entidades, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y el acceso oportuno a la salud de millones de colombianos.
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