Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
Adultos mayores enfrentan penurias por medicamentos en Dosquebradas
Hace al menos tres meses, la crisis en la entrega de medicamentos del dispensario de la Nueva Entidad Promotora de Salud (EPS) en Dosquebradas ha impuesto enormes dificultades, especialmente para los adultos mayores, quienes son los mayores afectados. Las filas se extienden durante toda la noche y a menudo comienzan desde el día anterior, con usuarios como Gonzalo Londoño Ospina, de 92 años, que relata cómo a las once de la noche ya se encuentra esperando bajo la lluvia, sin acceso a baños y con la incertidumbre de si finalmente recibirá sus medicamentos. La situación, según él mismo describe, constituye un trato indigno y deshumanizante.
Este escenario se repite diariamente de lunes a sábado, pues la Nueva EPS solo distribuye treinta turnos por día. Sin embargo, la capacidad de atención resulta claramente insuficiente frente a la demanda de los usuarios, muchos de los cuales denuncian tener medicamentos pendientes por hasta tres meses. Además, se ha detectado la venta ilegal de fichas para acceder al turno, lo que ha dado lugar a un mercado paralelo en la vía pública: testimonios de los afectados indican que estas fichas pueden ser vendidas por sumas entre treinta mil y cincuenta mil pesos. Esta práctica agrava la crisis al profundizar la inequidad en el acceso a un recurso de primera necesidad.
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), sostiene que la raíz de la crisis radica en los incumplimientos financieros de la Nueva EPS. La deuda acumulada por la EPS con la red hospitalaria de Risaralda tiene efectos en cadena: no solo hay suspensión de servicios y una baja en la continuidad de la atención, sino que las instituciones aliadas pierden sostenibilidad y la atención a los usuarios queda en riesgo inmediato. Esta versión ha sido respaldada por testimonios recogidos por LA PATRIA y Telecafé.
La situación se torna aún más crítica con la reciente decisión del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas de suspender cirugías programadas y procedimientos especializados para usuarios de la Nueva EPS. Tal determinación, anunciada por el gerente Juan Carlos Marín Gómez, responde a la millonaria deuda que mantiene la EPS con este centro asistencial. Como único hospital público del municipio, la suspensión afecta directamente a miles de usuarios que carecen de alternativas para obtener atención médica.
Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira, puso en evidencia la gravedad de lo que denominó “una crisis humanitaria en salud”, subrayando la revictimización de los sectores más vulnerables y exigiendo acciones inmediatas para proteger el derecho fundamental a la salud. En solo un mes, la Personería ha documentado más de una docena de quejas formales relacionadas tanto con la entrega de medicamentos como con la suspensión de tratamientos vitales en Dosquebradas.
Más allá de este municipio, el resto del departamento de Risaralda también enfrenta una crisis estructural. Instituciones en Pereira, Santa Rosa de Cabal y La Virginia reportan problemas similares: retrasos en los pagos de la EPS, desabastecimiento de insumos y una drástica reducción de la cobertura en servicios médicos. Aunque ha habido reuniones entre el Ministerio de Salud y la Nueva EPS, por el momento no se han anunciado soluciones concretas. La incertidumbre se mantiene mientras la población, especialmente la más vulnerable, ve comprometidos sus derechos y su bienestar.
*Esta información fue recopilada a partir de la alianza entre el periódico LA PATRIA y el Canal Regional Telecafé.
¿Qué consecuencias puede tener la falta de medicamentos y suspensión de tratamientos para la salud pública local?
La falta de acceso a medicamentos y la suspensión de procedimientos especializados no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que incrementa los riesgos de complicaciones en enfermedades crónicas, discapacidad e incluso mortalidad. La situación representa una amenaza directa al derecho fundamental a la salud, ya que los pacientes quedan sin tratamientos esenciales, provocando el colapso del sistema local y exponiendo a los más necesitados a escenarios de mayor vulnerabilidad.
Esta problemática demanda respuestas urgentes de parte de las autoridades y los responsables de la red de salud, así como atención mediática sobre las consecuencias humanas derivadas de los impagos y la desorganización institucional, tal como lo han reportado las fuentes de LA PATRIA y Telecafé en sus investigaciones sobre el caso.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
