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La crítica situación del sistema de salud y el caos administrativo de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional, han obligado a los pacientes de Antioquia a tomar medidas desesperadas para acceder a su derecho fundamental.
Este lunes 21 de octubre, varios usuarios decidieron encadenarse desde la madrugada a la puerta principal de la sede de la Nueva EPS en el municipio de Puerto Berrío, exigiendo soluciones inmediatas ante la demora en la entrega de medicamentos y la autorización de remisiones médicas.
(Vea también: Consternación en 120.000 pacientes de Nueva EPS en Antioquia: Promedan suspende servicios por deudas de $19.000 millones)
Este acto de protesta pacífica subraya la grave crisis humanitaria que atraviesa el sector, donde la entrega oportuna y completa de medicamentos a nivel nacional apenas logra alcanzar el 50%.
La urgencia se reflejó en el drama de las familias: Adalberto Palacio se encadenó para reclamar la anfotericina B y la remisión inmediata para su esposa, Neida Flores Jacome, quien padece leishmaniasis visceral y lleva cerca de 60 días hospitalizada en la Clínica Génesis de Puerto Berrío.
Aunque ganó una acción de tutela y un desacato, la EPS ha incumplido la orden, enviando información contradictoria sobre la ubicación del medicamento de alto costo. De igual manera, Paula Amparo González Upegui, de 62 años, pensionada por invalidez y paciente de párkinson, denunció llevar más de un mes sin recibir sus medicamentos
La problemática observada en Puerto Berrío es un reflejo de la compleja situación financiera y operativa que atraviesa la Nueva EPS, la aseguradora con la mayor cantidad de afiliados en el país.
La red hospitalaria de Antioquia, en general, tiene un hueco financiero de al menos $4 billones por culpa de las deudas de las EPS. Este descalabro económico ha llevado a varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Antioquia al límite de su operación.
Un ejemplo de ello es la IPS Promedan, que atiende a más de 120.000 pacientes de la Nueva EPS en el departamento y denunció estar en grave riesgo financiero por cuenta de una deuda superior a 19.000 millones que viene acumulando la entidad intervenida por el Gobierno Nacional.
Promedan, que opera la Clínica Fundadores y tiene sedes en Itagüí y Caucasia, se vio obligada a exigir el pronto pago de esta cartera para no tener que suspender y restringir servicios, una alerta que afectó potencialmente a 70.000 usuarios en Medellín, 35.000 en Itagüí y 16.000 en Caucasia.
De hecho, tan solo unas semanas antes, hospitales clave en el departamento como los de Caucasia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo también habían emitido un ultimátum similar por una deuda de 60.000 millones, la cual se logró negociar tras un acuerdo de pago en Bogotá.
Además de los líos financieros, la EPS afronta una crisis de gobernanza marcada por el incumplimiento de órdenes judiciales.
La agente interventora actual de la Nueva EPS, Gloria Polanía Aguillón, nombrada en agosto de 2025, ha sido objeto de un total de 618 acciones de tutela en las cuales se ha declarado el desacato hasta el 24 de septiembre pasado. Estos incumplimientos legales han derivado en la imposición acumulada de 1.402 días de arresto por parte de diferentes juzgados, lo que equivale a casi cuatro años.
Siga leyendo: “Ayuden al menos a tener muerte digna”: el llamado de pacientes de Nueva EPS a Petro
Es importante señalar que el interventor anterior, Bernardo Camacho Rodríguez, quien gestionó la entidad entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, también salió del cargo en medio de cifras negativas e incluso con una orden de arresto impuesta por el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso por incumplir un fallo de tutela que ordenaba proteger el derecho a la salud de un paciente de 75 años con cáncer.
Ahora, el gobierno Petro quiere nombrar a Camacho como superintendente de salud.
En el ámbito operativo, la crisis se manifiesta en la reducción de la red de servicios y la falta de entrega de medicamentos, situación que, según un vocero de pacientes de alto costo, Néstor Álvarez, no llega al 50%, generando la mencionada “crisis humanitaria”.
Los problemas de atención son generalizados, afectando tanto patologías básicas como de alto costo, incluyendo cáncer, VIH y trasplantes. Los pacientes en otras ciudades, como Bogotá y Villavicencio, han realizado protestas similares, con llamados dramáticos al Gobierno Nacional para que les ayuden “al menos a tener una muerte digna”.
En Puerto Berrío, mientras que a doña Paula se le entregó parte de sus medicamentos, la familia de Neida Flores, cuya vida pende de una remisión no autorizada, mantiene el plantón pacífico, pues la presión social y las cadenas se han convertido en la única vía para que los usuarios puedan exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales en salud.
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