Una confusión en torno a una supuesta orden de arresto contra la interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, generó versiones cruzadas y cuestionamientos sobre la situación actual de la entidad y su dirección. Los hechos se conocieron luego de que uniformados de la Policía llegaran a la sede principal de la EPS en Bogotá con una orden judicial proveniente de un juzgado de Yarumal (Antioquia).
Según informó El Tiempo, la orden correspondía a un desacato de tutela relacionado con la atención médica de un paciente, un tipo de medida que se impone cuando una entidad no cumple una orden judicial que busca garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes fueron informados por algunos funcionarios de que Polanía habría renunciado a su cargo y que en su lugar estaría Aldemar Casadiego, lo que generó confusión sobre quién lidera actualmente la intervención de la EPS.
Horas después, la Nueva EPS emitió un comunicado oficial en el que negó que Gloria Libia Polanía haya dejado su cargo y calificó como falsas las versiones que circularon en redes y medios de comunicación. La entidad explicó que Polanía continúa ejerciendo plenamente sus funciones como Agente Interventora, de acuerdo con la Resolución No. 2025320030006807-6, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 15 de agosto.
De acuerdo con la EPS, la confusión se habría originado en una interpretación equivocada de un oficio emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá, que hacía referencia a una diligencia realizada el 29 de septiembre de 2025. En esa visita, la Policía buscaba información sobre órdenes judiciales vigentes contra algunos funcionarios de la entidad, entre ellos el exinterventor Bernardo Camacho, quien sí habría renunciado previamente.
La empresa aclaró que durante dicha diligencia se explicó claramente que la renuncia correspondía al anterior interventor, y que la doctora Polanía había sido designada oficialmente como su reemplazo. Asimismo, precisó que Aldemar Casadiego Jaime, mencionado en algunos reportes, es gerente de la Regional Centro Oriente y no tiene vínculo con el cargo de interventor, como erróneamente se afirmó.
La Nueva EPS también desmintió que el pasado 9 de octubre se hubiera llevado a cabo un operativo policial para capturar a Polanía. “No es cierto que se haya realizado un procedimiento de arresto ni que exista una orden vigente en su contra”, señaló la entidad en su comunicado.
Pese a la aclaración, la situación generó preocupación en el sector salud, pues según versiones iniciales de El Tiempo, habría más de 400 órdenes de arresto relacionadas con desacatos judiciales por tutelas de pacientes, lo que reflejaría la magnitud de los problemas de atención que enfrentan las EPS.
En el caso de la Nueva EPS, la entidad reconoció los “retos estructurales” que tiene, pero aseguró que trabaja para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y garantizar un servicio oportuno a sus afiliados.
Finalmente, esta EPS reiteró que no está en proceso de liquidación y que continúa operando con normalidad en todas sus sedes del país. La compañía insistió en que su agente interventora sigue al frente de la gestión y que se mantiene el compromiso con el fortalecimiento de los servicios y la mejora en la atención de los usuarios.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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