En Colombia, la paz no se mide únicamente por los acuerdos firmados entre el Gobierno y una guerrilla. También se refleja en las oportunidades que tienen los campesinos para acceder a la tierra, en las comunidades que intentan reconstruirse después de la violencia y en las familias que esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP, la Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa una mirada a lo que ha significado este proceso para diferentes regiones del país. A través de su especial multimedia ’10 historias, 10 razones para avanzar’, la entidad recoge experiencias de comunidades, mujeres, campesinos y personas que buscan construir un futuro distinto después del conflicto.
El contenido propone recorrer historias que van desde el río Atrato como sujeto de derechos y Bojayá como ejemplo de reconciliación, hasta el papel de las mujeres en los territorios, los saberes ancestrales y las oportunidades de desarrollo mediante obras por impuestos.
También aparecen la reparación de las víctimas, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección y las experiencias de las hijas e hijos de la paz en Oripaya, Norte de Santander. Son relatos que permiten mostrar que la implementación del Acuerdo no se limita a las decisiones del Gobierno nacional, sino que también depende de lo que ocurre en las comunidades.
Los avances que dejó una década de implementación
Uno de los resultados que destaca la Defensoría está relacionado con las condiciones de vida en las zonas rurales. En los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la pobreza multidimensional pasó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025.
La entidad también destaca que 3,3 millones de hectáreas han sido formalizadas, una cifra equivalente al 47,85 % de la meta de siete millones prevista para 2026. A esto se suma la participación de cerca de 250.000 personas en la construcción de 33.007 iniciativas territoriales.
Otro de los avances está relacionado con la reincorporación. Según el balance, 10.943 personas que dejaron las armas con el Acuerdo de 2016 continúan en este proceso, con proyectos productivos, oportunidades educativas y trabajo comunitario.
Las deudas que todavía preocupan tras la firma del Acuerdo de Paz
Sin embargo, el panorama también tiene cifras que muestran la distancia entre lo pactado y lo que viven muchas comunidades. La Defensoría advierte que desde 2016 han sido asesinadas 493 personas firmantes del Acuerdo de Paz.
La situación de los líderes sociales también preocupa. Entre enero de 2016 y junio de 2026, 1.743 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, mientras persisten dificultades para que las alertas tempranas se traduzcan en protección efectiva.
La reparación de las víctimas es otro de los grandes pendientes. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solamente 63 han completado su plan. Además, ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial y salud integral.
En materia de género, el balance señala que, a noviembre de 2025, apenas el 13 % de las 130 disposiciones con enfoque de género monitoreadas por el Instituto Kroc tenía implementación completa.
Una paz que todavía necesita llegar a los territorios
La Defensoría plantea que el Acuerdo de Paz sigue siendo una obligación constitucional y que su implementación no puede depender de los cambios de Gobierno ni de los intereses de un sector político.
Su balance identifica cinco grandes desafíos: preservar las herramientas construidas durante estos años, cerrar la brecha entre los derechos reconocidos y su cumplimiento, enfrentar la violencia que continúa en las regiones, garantizar que las comunidades tengan participación efectiva y asegurar recursos y coordinación institucional.
La conclusión que deja el especial es que la firma de un documento no pone fin automáticamente a las consecuencias de décadas de conflicto. La paz también necesita tierra, oportunidades, seguridad, justicia y reparación.
Por eso, las diez historias que reúne la Defensoría buscan recordar que detrás de cada compromiso hay personas y comunidades que todavía esperan que lo pactado se traduzca en mejores condiciones de vida.
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