Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Nov 15, 2026 - 12:05 am
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La reciente captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo en torno a los riesgos de nuevos hechos violentos en Briceño, Antioquia. La detención, que tuvo lugar este sábado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, fue presentada por las autoridades como un golpe importante contra el crimen organizado en la región. Según el comunicado oficial, Uñates López figuraba como uno de los jefes del frente 36 de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. Sin embargo, fuentes del Ejército citadas por El Espectador señalaron que desde agosto de este año, Uñates López habría pasado a integrar el Clan del Golfo, cambiando de bando en el complejo panorama de confrontaciones armadas de la zona.

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo destacó que la captura representa un avance en la protección de comunidades que históricamente han vivido bajo amenaza por la disputa territorial de la subestructura 5, grupo comandado por Uñates López. La entidad subrayó que el procesamiento judicial del detenido contribuiría a garantizar los derechos de las víctimas, pero enfatizó que este hecho no significa el fin de los riesgos para los habitantes de Briceño.

La entidad recordó la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, donde se advertía sobre la gravedad de la situación humanitaria generada por los choques entre diversos grupos armados ilegales: el frente 36, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos (escindidas de las disidencias), el Clan del Golfo y el frente 18, actualmente bajo el control del Estado Mayor Central (Emc) de alias “Iván Mordisco”. En este contexto, la población civil ha sido víctima de amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos y recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores, así como graves restricciones a la movilidad y la imposición de normas ilegales.

Un hecho particularmente lamentable fue el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, al que se le atribuye responsabilidad a alias “Primo Gay” cuando lideraba la subestructura 5. Pérez, director de El Confidente en Yarumal, investigaba enfrentamientos armados y desplazamientos, y fue encontrado muerto tras una orden ejecutada presuntamente por alias “Víctor Chalá”. Este último, hoy capturado, lo habría acusado de colaborar con el Ejército. El caso de Pérez evidencia la vulnerabilidad de los líderes sociales, periodistas y familias campesinas ante un conflicto persistente.

Frente a este panorama, la Defensoría pidió reforzar la protección a comunidades y líderes, prevenir nuevas confrontaciones y garantizar medidas efectivas de prevención y asistencia para las víctimas. Solicitó además al Gobierno nacional y autoridades locales trabajar de forma articulada y sostenida en la implementación de las recomendaciones de la Alerta Temprana.

¿Por qué la captura de alias “Primo Gay” no garantiza la seguridad en Briceño?

La Defensoría del Pueblo advirtió que, a pesar del impacto de la captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, persisten múltiples riesgos en Briceño por la presencia activa de diversos grupos armados ilegales que disputan el territorio y afectan de manera directa a la población civil. De acuerdo con la Alerta Temprana 019 de 2025, estos peligros incluyen amenazas, desplazamientos, reclutamientos forzados y presencia de minas antipersonal, por lo cual se requiere una respuesta integral y sostenida de las autoridades.

¿Qué recomienda la Defensoría del Pueblo para proteger a la población civil en Briceño?

Según la Defensoría del Pueblo, es fundamental fortalecer la protección de líderes sociales, evitar el reclutamiento de menores, adoptar medidas frente a la presencia de minas antipersonal y otros explosivos, así como vigilar de manera permanente la situación de seguridad. También pidió implementar de forma articulada las recomendaciones de la Alerta Temprana 019 de 2025, para responder a los riesgos y prevenir nuevas vulneraciones a los derechos humanos en la región.

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