La actuación de la Fiscalía General de la Nación frente a información relacionada con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó bajo cuestionamiento luego de una denuncia presentada contra la fiscal, Luz Adriana Camargo.
(Vea también: “¿Por qué hasta ahora?”: cuestionan a la fiscal Camargo por negligencia contra grupos criminales)
De acuerdo con Caracol Radio, Daniel Páez Mancera acudió ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que se investigue una presunta omisión en el manejo de chats que estarían relacionados con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. La denuncia fue radicada el 29 de septiembre de 2026.
Según el documento presentado por Páez, las conversaciones ya estaban en poder de la Fiscalía dentro de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD. El cuestionamiento principal apunta a que el ente investigador tomó la decisión de no compulsar copias a la autoridad competente pese a que el material involucraba a un funcionario con fuero especial.
Los chats mencionados fueron extraídos de los teléfonos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estuvieron al frente de la entidad. Entre las conversaciones citadas aparecen intercambios con Fernández ocurridos el 9 de enero de 2024, incluidos mensajes relacionados con la dirección de un apartamento y una posterior referencia a una entrega de dinero. Estos elementos también fueron publicados por la revista Cambio.
La denuncia sostiene que, por la condición de magistrado de Fernández, cualquier información que pudiera sugerir su eventual participación en una conducta investigada debía ser remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Páez pide establecer qué conocía la Fiscalía, qué actuaciones adelantó y quién tomó las decisiones sobre el manejo de ese material.
¿Por qué delitos denunciaron a Luz Adriana Camargo?
Páez Mancera solicita que se abra una investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que la Fiscalía recibió y manejó las conversaciones. El documento plantea posibles conductas como prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento, aunque se trata de la calificación jurídica propuesta por el denunciante y no de delitos establecidos judicialmente contra Camargo.
Entre las pruebas solicitadas aparece el expediente completo de las investigaciones relacionadas con la UNGRD, con el propósito de establecer qué información estaba disponible para la Fiscalía y qué decisiones fueron adoptadas frente a los chats que involucraban a Fernández.
El caso ocurre días después de que la actuación de Camargo frente a este material también fuera cuestionada mediante una recusación presentada ante la Corte Suprema de Justicia por los representantes Daniel Briceño y David Cote. Esa solicitud busca establecer qué sabía la Fiscalía sobre las conversaciones y qué ocurrió con la información relacionada con el magistrado.
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