La Fiscalía General habría cambiado la calificación de los delitos imputados a 11 integrantes de la primera línea en Bogotá, investigados por ataques contra buses y estaciones de TransMilenio. Luz Adriana Camargo, fiscal general, habría pedido reemplazar el delito de terrorismo por el de asonada y buscar acuerdos que beneficiaran a los procesados.
(Vea también: “Cínica, floja”: critican a fiscal Luz A. Camargo por guardar información del gobierno Petro)
Una investigación de Semana señala que, durante una reunión de directivas de la Fiscalía en junio de 2026, se habría transmitido la instrucción de modificar los delitos que enfrentaban los procesados, investigados por ataques contra Transmilenio y otros espacios públicos. La controversia también involucra una decisión posterior de la fiscal general que cambió el despacho encargado del expediente.
De acuerdo con la revista, en el encuentro participaron la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Zenaida de Jesús López; el director de la Unidad de Justicia Transicional, Juan Andrés Cano, y dos fiscales de la Seccional Bogotá.
Uno de los asistentes, cuya identidad no fue revelada en el artículo, aseguró que el mensaje transmitido en esa reunión era que Camargo no estaba conforme con la acusación por terrorismo. La propuesta habría consistido en cambiar ese delito por el de asonada, una modificación que podía alterar el alcance de la responsabilidad penal de los investigados.
Las fiscales que tenían a cargo el expediente se opusieron a esa posibilidad. De acuerdo con los testimonios recogidos por Semana, durante la misma reunión surgió otra alternativa: aplicar un principio de oportunidad, mecanismo que permite suspender o renunciar a la persecución penal bajo determinadas condiciones legales.
Ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo necesario en ese encuentro. Sin embargo, el expediente terminó en manos de otro grupo de fiscales mediante una resolución firmada posteriormente por Camargo.
¿Por qué señalan a Luz adriana Camargo de favorecer a miembros de primer línea?
El 16 de junio de 2026, la fiscal general expidió la Resolución 0171, con la que creó un grupo de tareas especiales dentro de la Unidad de Justicia Restaurativa y dispuso el traslado del caso de los 11 procesados. La decisión se produjo después de la reunión en la que, según los relatos conocidos por Semana, las fiscales se habían negado a modificar la imputación o avanzar con un principio de oportunidad.
La nueva asignación abrió la posibilidad de revisar integralmente las conductas atribuidas a los investigados y evaluar mecanismos de justicia restaurativa. La resolución, citada por El Espectador, justificó el cambio por la naturaleza de los hechos y la necesidad de armonizar la investigación penal con la protección del derecho a la protesta social.
Semana también reportó que la fiscal que había liderado la investigación fue retirada de la entidad semanas después, mientras que el director seccional fue trasladado. El medio recogió la versión de personas que relacionaron esos movimientos con la negativa a conceder beneficios a los procesados.
Los acuerdos que recibieron siete de los investigados
Después del traslado del expediente, la Fiscalía presentó acuerdos para los 11 integrantes de la primera línea. Según la información publicada por Semana, las negociaciones contemplaban penas de entre cinco y siete años de prisión. En algunos casos se retiró el delito de terrorismo y, en otros, se modificó el grado de participación de los procesados: pasaron de ser señalados como autores a responder como cómplices.
Uno de los aspectos cuestionados por las víctimas fue el contraste entre los hechos descritos en los documentos y la calificación jurídica propuesta. En los acuerdos se mencionan ataques con elementos explosivos contra buses, daños a estaciones de TransMilenio y amenazas con machetes a conductores y ciudadanos. Pese a esas descripciones, el ente acusador sostuvo que las conductas no cumplían los requisitos para configurar terrorismo en algunos de los casos.
La investigación había tomado más de dos años y había permitido reunir videos, interceptaciones y otros elementos probatorios. Sin embargo, las víctimas conocieron que los acuerdos serían presentados ante los jueces con apenas 12 horas de anticipación, un plazo que, según Semana, les dificultó examinar su contenido antes de la audiencia.
Finalmente, siete de los 11 procesados aceptaron los cargos incluidos en la negociación. La diligencia se desarrolló de manera reservada por solicitud de las defensas, decisión que generó reparos de TransMilenio y de la Universidad Nacional, reconocidos como víctimas dentro del proceso.
Ambas instituciones cuestionaron los términos de los acuerdos y acudieron a una acción de tutela para pedir que se conozcan sus alcances. El caso continúa bajo revisión judicial y las acusaciones sobre una posible intervención de la fiscal general en los cambios de la imputación corresponden, por ahora, a los testimonios y documentos expuestos en la investigación de Semana.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
