Se desconoce el apoyo que, hasta ahora, tiene la manifestación, pero lo cierto es que está siendo convocada por el empresario Pierre Onzaga Ramírez, recordado por comenzar la histórica movilización ‘Un millón de voces contra las Farc’ en 2008.
Onzaga le dijo a El Espectador que encuentra problemas en las reformas tributaria, laboral y al código electoral que están proponiendo el presidente y su gabinete.
“Estas reformas no son constructoras de desarrollo, no buscan generar empleo, ni incentivar la generación del mismo, ni la generación de desarrollo económico en Colombia”, dijo Onzaga al diario.
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Puntualmente, sobre la reforma tributaria, dijo que va a encarecer el precio de los alimentos, como consecuencia de varios impuestos planteados: “Es una reforma que en campaña le plantearon hipotéticamente a los 4.000 más ricos del país, y se la quieren aplicar a los 48 millones de colombianos más ricos, que parece que somos todos, según el gobierno de Gustavo Petro”.
El empresario dice que su objetivo no es pedir una mesa de negociación para discutir estas reformas, sino que las retiren y diseñen nuevos proyectos que favorezcan a más colombianos.
El promotor de la movilización también dijo, en Caracol Radio, que ha visitado las regiones y ha recibido especial apoyo de “los tenderos que van a tener un duro golpe con la reforma tributaria, que va a grabar los plásticos y la libra de chocolate y de arroz están empacados en plástico porque lo que va a afectar a la canasta familiar”.
“Si es necesario nos vamos a quedar en las calles de las ciudades donde vamos a estar. Lo que estamos buscando es que los colombianos sientan que este es un llamado de último momento”, manifestó el organizador de la marcha en el rotativo.
Hasta ahora, según la emisora, la marcha está citada desde las 10:00 a. m. en diferentes regiones del país, y tendrá la “participación de diferentes gremios empresariales y trabajadores”.
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Hasta ahora, ni el jefe de Estado ni sus ministros se han pronunciado sobre la convocatoria, que apenas ha empezado a conocerse. Se desconoce si los manifestantes tendrán el apoyo de las autoridades, pero podría ser el primer reto sobre cómo las personas que integran el actual Gobierno, muy críticas del manejo de la protesta social en administraciones anteriores, garantizarán los derechos humanos en las movilizaciones.
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