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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Nov 14, 2026 - 9:00 am

La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió un fallo clave en el que resolvió negar la solicitud de amparo presentada en una acción de tutela contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes. El demandante, Román Camilo Díaz Fernández, alegaba que las actuaciones, discursos y participaciones del mandatario en eventos confesionales —como la coronación de la Virgen de Fátima durante la “Gran Velatón por Colombia” en la Plaza de Bolívar o su visita a la Sinagoga Beth El de Barranquilla— vulneraban los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos, de conciencia y los principios de laicidad y neutralidad del Estado.

Tras evaluar los argumentos de las partes, el alto tribunal determinó que las actuaciones y manifestaciones censuradas no tienen la virtualidad de quebrantar la neutralidad institucional. La providencia subrayó que la laicidad en Colombia no equivale a un Estado ateo o agnóstico, sino a un régimen de convivencia democrática que respeta el fenómeno religioso sin adherir formalmente a una confesión. En este sentido, el fallo estableció que la participación del jefe de Estado en eventos humanitarios, así como sus gestos diplomáticos hacia la comunidad judía luciendo una kipá, contaron con una “justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente”, orientada a la cohesión social ante tragedias nacionales y al fortalecimiento de relaciones bilaterales, sin constituir proselitismo ni favoritismo dogmático.

Asimismo, el Consejo de Estado enfatizó que los altos funcionarios no se ven despojados de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de conciencia por el hecho de ocupar cargos públicos. Citando precedentes de la Corte Constitucional y pronunciamientos de salas de decisión, la corporación recordó que expresiones como “Viva Cristo Rey” o la manifestación íntima de convicciones espirituales no equivalen a la imposición normativa de un credo ni obligan a la ciudadanía a la adhesión religiosa, siempre y cuando no se utilicen las herramientas del aparato estatal para forzar creencias.

Durante el análisis del caso, la Sala también abordó los reproches relacionados con la financiación técnica de la velatón y las respuestas institucionales emitidas por el Ministerio de las Culturas, concluyendo que los recursos ejecutados respondían a contratos de producción logística de un evento de interés público de carácter secular e informativo. Por consiguiente, se ordenó amparar únicamente el derecho de petición del accionante para efectos de notificar formalmente una respuesta previa emitida por dicha cartera, al tiempo que se declaró la temeridad procesal del demandante por haber promovido de manera simultánea o sucesiva recursos idénticos ante otras instancias judiciales.

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A través de un mensaje institucional difundido por sus canales oficiales, el mandatario señaló: “El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado. Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

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