author
Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Nov 16, 2026 - 7:17 am

Dieciocho años después de la intervención estatal que puso fin a DMG, la recordada captadora ilegal de dinero liderada por David Murcia Guzmán continúa generando insólitos dolores de cabeza financieros y tributarios para quienes alguna vez depositaron sus ahorros en la pirámide. Desde 2008, el proceso de liquidación ha repartido más de 500 bienes entre cerca de 194 mil afectados, dejando pendientes menos de diez predios por adjudicar; sin embargo, lo que fue concebido como un mecanismo de reparación terminó convirtiéndose en una pesadilla jurídica y fiscal para miles de ciudadanos.

El caso más llamativo salió a la luz tras conocerse la historia de Juan Carlos Suárez, quien descubrió en su declaración de renta que figuraba como propietario de dos lotes en el departamento del Atlántico y de una minúscula fracción de un apartamento ubicado en un conjunto residencial del sector de Unicentro, en el norte de Bogotá. De ese inmueble capitalino, Suárez apenas posee una porción equivalente a 15 por 15 centímetros —ni siquiera el tamaño de una baldosa promedio—, pues comparte la titularidad del bien con exactamente 4.290 personas más, correspondiéndole a cada una apenas el 0,023 por ciento de la propiedad.

Al respecto, la agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, explicó que esta atomización de la propiedad responde estrictamente a las normas que rigen los procesos de liquidación forzosa. Según precisó la funcionaria, “la reglamentación para esta clase de procesos indica que cuando un bien que es de la entidad en liquidación está para la venta y no se puede vender dentro de los dos meses siguientes a los que se aprueba su inventario se debe adjudicar entre los afectados”. Debido a que muchos ciudadanos se acreditaron en su momento tras la intervención del 17 de noviembre de 2008 y desconocían los plazos para renunciar a dichas adjudicaciones, sus nombres quedaron vinculados de manera automática a las escrituras de los inmuebles remanentes.

Lee También

Lejos de representar un alivio económico, esta copropiedad masiva se ha transformado en una carga financiera insostenible, dado que encontrar a los más de cuatro mil dueños para vender o sanear el inmueble resulta una misión prácticamente imposible. Mientras la fracción del apartamento a nombre de Juan Carlos Suárez está avaluada en apenas 160 mil pesos, las obligaciones acumuladas por concepto de impuestos prediales, sanciones e intereses de mora ya superan el millón de pesos. “No me siento reparado, me siento frustrado, muy aburrido con todo eso”, enfatizó el afectado al exponer una problemática que se replica en otros predios compartidos en Girardot y el suroriente de Bogotá, mientras David Murcia Guzmán purga una condena de 22 años de prisión por lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.