En medio de delicados señalamientos en Colombia, las alertas institucionales se encendieron luego de revelarse intimidaciones dirigidas contra la integridad del registrador nacional, Hernán Penagos, procedentes directamente desde un centro penitenciario del país.
Así lo indicó El Tiempo al replicar información de Caracol Radio, que agregó que al enterarse de esta delicada situación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, notificó de inmediato al mandatario Abelardo de la Espriella y al titular a cargo de la Fiscalía General de la Nación, Gilberto Guerrero.
Los reportes preliminares indican que un recluso recluido en una prisión manejaría datos precisos acerca de un complot violento estructurado para atentar contra la integridad del jefe de la organización electoral.
El funcionario electoral ya conoce la existencia de estas advertencias y “durante esta semana se van a tomar medidas para reforzar su esquema de seguridad” con el fin de neutralizar cualquier riesgo.
Hasta el momento, Penagos mantiene total reserva sobre las presuntas intimidaciones y optó por no emitir declaraciones públicas en sus canales oficiales de comunicación ni en sus redes sociales personales.
Por su parte, al ser indagada por medios informativos sobre la existencia de denuncias o expedientes formales, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no dispone de registros o documentación sobre el caso.
Las agencias estatales de seguridad coordinan acciones preventivas urgentes para verificar la veracidad del plan criminal gestado en los patios carcelarios y salvaguardar la vida del alto funcionario.
Penagos Giraldo asumió oficialmente sus funciones como registrador nacional del estado civil el 6 de diciembre de 2023, acumulando casi tres años de gestión institucional continua.
Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo eligieron tras superar con los máximos puntajes un riguroso concurso público de méritos.
El mandato constitucional fija un periodo reglamentario de cuatro años para la dirección de la entidad electoral colombiana, completando su ciclo formal hasta finales de dos mil veintisiete.
Durante su jefatura, el funcionario lidera planes orientados a la transformación tecnológica institucional, agilizando la emisión masiva de la cédula digital y optimizando los sistemas biométricos en todo el país.
Asimismo, la administración de Penagos promueve auditorías técnicas transparentes a los programas de software electoral y fortalece la seguridad logística indispensable para garantizar la confiabilidad en futuras jornadas comiciales.
Su gestión avanza coordinando labores estratégicas con los tribunales y ministerios para salvaguardar la democracia y asegurar la plena efectividad en el registro civil nacional.
¿Qué hacer ante una amenaza de muerte en Colombia?
Afrontar una amenaza de muerte en Colombia exige actuar con rapidez y preservar cualquier soporte digital, mensaje escrito, grabación o registro telefónico que permita evidenciar la conducta criminal ocurrida.
La persona afectada debe radicar inmediatamente una denuncia penal en las Unidades de Reacción Inmediata, Casas de Justicia o salas de atención presencial de la fiscalía seccional correspondiente.
Asimismo, los ciudadanos pueden formalizar el reporte a través de plataformas virtuales seguras dispuestas para registrar conductas delictivas asociadas al delito tipificado legalmente como amenazas en el código penal.
En situaciones de peligro inminente, los afectados deben llamar a la línea de emergencias policial para solicitar patrullajes preventivos continuos cerca de sus lugares de residencia o trabajo.
Cuando la persona amenazada pertenece a sectores de especial vulnerabilidad, líderes comunales o defensores de derechos humanos, procede la solicitud formal de evaluación de riesgo ante el organismo gubernamental.
Esta dependencia estatal coordina con comités técnicos especializados la asignación de medidas materiales de protección como chalecos blindados, botones de apoyo táctico, vehículos o personal de escolta asignado.
De forma complementaria, el ministerio público recibe declaraciones para activar alertas tempranas institucionales y vigilar que las autoridades policiales cumplan estrictamente las medidas cautelares preventivas fijadas en cada territorio.
Seguir la ruta legal establecida permite salvaguardar oportunamente la integridad física personal, frenar el accionar delictivo y brindar herramientas indispensables a los investigadores para judicializar a los responsables de las intimidaciones.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
