Un grave caso de agresión sexual al interior de un conjunto residencial ha generado profunda preocupación e indignación en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Una joven de 21 años de edad interpuso una formal denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras ser víctima de un tocamiento no consentido por parte de un desconocido —quien posteriormente fue identificado como otro residente del mismo complejo habitacional— mientras se movilizaba en el ascensor de su torre, según informó El Tiempo.
Los hechos se registraron el pasado 21 de agosto de 2026, alrededor de las 8:20 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la afectada, la situación se desató cuando ingresó a la Torre 19 del conjunto privado Parque Ciudad Pomar ALISO para dirigirse a su hogar. Tras abordar la cabina y marcar el tercer piso, un hombre que había ingresado sigilosamente detrás de ella presionó el botón correspondiente al cuarto nivel, de acuerdo con el periódico.
La tensión escaló de manera abrupta en cuestión de segundos. Tal como quedó consignado en la denuncia radicada oficialmente el primero de septiembre, al llegar al tercer piso el sujeto aprovechó el momento para realizar un tocamiento no consentido en las partes íntimas de la joven, introduciendo su mano en dicha zona. Ante la cobarde agresión, la mujer reaccionó de inmediato reclamándole con vehemencia por su conducta y exigiéndole explicaciones; sin embargo, el agresor optó por guardar un silencio absoluto, limitándose a realizar un gesto de desagüe hasta que las puertas del ascensor se cerraron por completo, según el informe periodístico.
Tras el traumático episodio, la joven corrió hacia su apartamento para relatar lo sucedido a sus compañeros de vivienda. Minutos después, acudieron a la portería del conjunto para reportar el caso, donde recibieron como respuesta inicial que debían aguardar la disponibilidad del personal autorizado de la administración para poder acceder a los registros de las cámaras de seguridad, de acuerdo con el citado diario.
Al día siguiente, la denunciante insistió ante las oficinas de la administración para solicitar formalmente la revisión de las grabaciones. Días más tarde, las directivas confirmaron que poseían el material visual y programaron una sesión de visualización. En dicha revisión se estableció que el presunto agresor efectivamente reside en el conjunto y que había ingresado al edificio aproximadamente dos minutos después de que la denunciante lo hiciera. Pese a que la administración indicó que el caso sería evaluado en una reunión de la junta directiva programada para el 31 de agosto, la afectada aseguró que no recibió información clara sobre medidas correctivas internas o avances del procedimiento.
Ante la falta de respuestas institucionales a nivel privado, el caso escaló formalmente ante los estrados judiciales. El ente investigador asumió el expediente tipificando el hecho bajo el delito de acto sexual violento, contemplado en el artículo 206 del Código Penal, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para dar con la plena identificación y judicialización del agresor.
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