La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña que falleció en hechos ocurridos en Cajicá, dio un nuevo paso luego de que la Fiscalía radicara la solicitud de imputación de cargos contra dos personas vinculadas al caso. El ente acusador pidió ante jueces con función de control de garantías la imputación por el delito de homicidio culposo contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa.
Luego de conocerse la actuación de la Fiscalía, expertos penalistas señalan que en este delito no existe la intención de cometer la conducta punible ni de causar la muerte de una persona, pero aun así el fallecimiento se produce.
Qué pena podrían recibir los implicados por la muerte de Valeria Afanador
Sobre las posibles consecuencias judiciales, abogados como Giraldo Acosta explicaron a El Tiempo que quienes sean hallados responsables de ese delito podrían enfrentar penas que van desde los 32 hasta los 108 meses de prisión. El jurista añadió que dichas sanciones “a la final son excarcelables”, dependiendo de las circunstancias que sean valoradas dentro del proceso.
Además de la pena privativa de la libertad, el especialista advirtió que también podrían imponerse sanciones económicas. En ese sentido, explicó que las multas contempladas para este tipo de conducta oscilan entre 26 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cabe mencionar que el abogado de la familia de Valeria Afanador aseguró meses atrás que Emely Viviana Fuentes Hernández, directora encargada del curso de la menor, habría incumplido funciones de vigilancia y control, permitiendo que la estudiante saliera del aula sin activar mecanismos de protección oportunos.
Por otro lado, la defensa del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles sostuvo que Danny Javier Ochoa no tendría relación con los hechos investigados. Según explicó el abogado de la institución, “Él sí está vinculado al colegio y sí está como coordinador de compras, pero no tiene ninguna relación con estos hechos y bueno, pues vamos a enfrentar esta situación como corresponde”.
En paralelo al proceso penal, existieron acercamientos entre las partes con el propósito de buscar una conciliación. Francisco Bernate, abogado del colegio, afirmó que hubo una audiencia promovida por los familiares de la niña en la que se planteó una pretensión económica que la institución consideró imposible de asumir.
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