El ambiente político post-electoral en Colombia se trasladó de las urnas a los estrados judiciales este viernes 13 de marzo de 2026. En una audiencia pública citada con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro recibió una fuerte notificación de la Procuraduría General de la Nación, en la que se le exigió cesar sus ataques al sistema electoral a través de sus redes sociales y respetar la prohibición de participación en política.
La diligencia fue convocada para que el mandatario sustente con pruebas las graves denuncias de supuestas irregularidades que ha venido publicando en X (antes Twitter) sobre los comicios del pasado domingo 8 de marzo. Lo que inició como una narrativa de campaña se ha convertido ahora en un requerimiento legal que pone al jefe de Estado contra las cuerdas.
Durante la audiencia, que contó con la presencia de delegados de la MOE y organismos de control, el viceprocurador lanzó duras críticas a la metodología de comunicación del presidente. “El procurador no responderá ataques mediante X y se exhorta al presidente a que si tiene una situación que lo lleve a cuestionar ética, disciplinaria o penalmente, acuda a un Estado que le ofrece canales institucionales y no a través de redes o medios”, sentenció el funcionario.
La Procuraduría calificó como una “actuación grave” el hecho de que el primer mandatario exponga dudas sobre la transparencia de la democracia sin presentar evidencias fehacientes ante las autoridades competentes. Según el Ministerio Público, esta conducta no solo desinforma, sino que lacera la confianza legítima de los ciudadanos en las instituciones.
El trasfondo de esta audiencia es una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, quien busca una medida cautelar que obligue a Petro a rectificar y abstenerse de insistir en la posibilidad de un fraude electoral. Aunque las elecciones legislativas y las consultas ya pasaron, el Tribunal considera que la medida es “especialmente pertinente” dado que el proceso electoral de 2026 continúa con las etapas presidenciales de mayo y junio.
El discurso de Petro, que ha sido desmentido incluso por observadores internacionales de la Unión Europea, es visto por la justicia como una amenaza a la moralidad administrativa. Se espera que, tras los descargos realizados este viernes, el Tribunal decida si ordena la “cesación inmediata” de cualquier actividad del presidente que pueda poner en duda la confiabilidad del sistema electoral sin soporte judicial.
Con esta decisión, Petro enfrenta uno de sus mayores desafíos institucionales desde que llegó al poder, en un momento donde cada palabra en redes sociales está bajo la lupa de los jueces por su impacto en la estabilidad democrática del país.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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