El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El escándalo alrededor del manejo de los recursos del Fondo de Adaptación, entidad que administra más de un billón de pesos para proyectos en la región de La Mojana, ha desatado una intensa confrontación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, dos altos funcionarios del gobierno actual. El conflicto, que se hizo público este lunes durante sus apariciones en varios medios de comunicación, gira en torno a las acusaciones mutuas sobre la baja ejecución de dichos recursos y la posible injerencia de intereses políticos en las contrataciones del Fondo.
Angie Rodríguez, quien funge como gerente encargada del Fondo de Adaptación y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ha responsabilizado a su antecesor, Carlos Carrillo, de los bajos niveles de ejecución de los proyectos en la subregión. En sus declaraciones, expone que la defensa de Carrillo —quien alude a cuotas políticas ligadas al ministro Armando Benedetti— sería una distracción para desviar la atención de las denuncias fundamentales. Según El Espectador, la coyuntura ha sido profundizada por las investigaciones periodísticas que advierten sobre la llegada de funcionarios asociados a los partidos de La U y ASI a la entidad, generando alertas por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y presuntos actos de corrupción.
Carrillo, ahora director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mantiene su postura y asegura que ni estructuró los contratos hoy objeto de controversia, como el conocido de la “Ruta del arroz”, ni fue responsable de su asignación. A su vez, sostiene que su salida de la gerencia respondió a la necesidad de entregar el control del Fondo a figuras cercanas a Benedetti. El nombre de la Fundación San José, participante en el polémico contrato de la “Ruta del arroz” y cuestionada por otros presuntos incumplimientos, ha sido señalado directamente en las indagaciones, según lo reportado por El Espectador.
Rodríguez también ha subrayado que, durante la gestión de Carrillo, solo se ejecutó un 3% de los recursos destinados a la región mencionada, mientras que Carrillo ha calificado las acusaciones como una “canallada”. Él argumenta que las críticas en su contra responden al malestar que su presencia genera entre algunos miembros del gobierno.
Actualmente, la Procuraduría investiga varios contratos de suma relevancia, cuyos montos superan los 100 mil millones de pesos, como los proyectos Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz. El Ministerio Público también revisa posibles vínculos y presiones de dirigentes de partidos políticos en dichos procesos. Por su parte, la Contraloría ha iniciado una indagación para esclarecer si la gestión de estos recursos constituye un daño fiscal y exige determinar si procede abrir un proceso de responsabilidad fiscal sobre el manejo de fondos destinados a mitigar los impactos del Fenómeno de La Niña y atender las afectaciones en La Mojana.
En un escenario marcado por profundas tensiones internas dentro del gobierno de Gustavo Petro, el futuro del Fondo de Adaptación dependerá de los avances que logren los órganos de control y de la transparencia en torno a estos millonarios contratos. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas para los implicados si se comprueban irregularidades en el manejo de los recursos públicos?
Este interrogante surge en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más exigidas por la sociedad. Las investigaciones actuales determinarán no solo posibles sanciones penales o administrativas, sino también marcarán la percepción del manejo gubernamental de los fondos destinados a regiones vulnerables como La Mojana. Además, las consecuencias podrían impactar de manera significativa la estabilidad interna del gobierno, en la medida en que las denuncias de corrupción y la disputa por cuotas políticas han avivado tensiones entre aliados de la administración.
Así, el desenlace de este caso tendrá un alcance que trasciende lo judicial y administrativo, afectando directamente la confianza de la ciudadanía en el actual gobierno y su capacidad para gestionar de manera íntegra los recursos públicos, particularmente aquellos destinados a responder a emergencias y promover el desarrollo en las zonas más necesitadas del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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