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La reciente suspensión temporal del general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, marca un importante giro en la investigación por supuestos vínculos entre altos mandos militares y estructuras disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias “Calarcá”. La orden de suspensión, emitida por la Procuraduría General de la Nación, fue apoyada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las actuaciones del general Huertas desde el inicio de su más reciente periodo activo, en agosto de este año. Esta revisión parte de la preocupación por una posible filtración de información estratégica que habría favorecido a organizaciones insurgentes, un señalamiento respaldado por documentos divulgados en una investigación de Noticias Caracol, según reporta El Espectador.
El ministro Sánchez precisó que el presidente Gustavo Petro ordenó el inicio inmediato del proceso administrativo necesario para formalizar la suspensión, subrayando que se dará cumplimiento a la orden disciplinaria conforme a los procedimientos establecidos. Una vez la decisión de la Procuraduría es trasladada al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, se activa una ruta administrativa que lleva a la oficialización de la medida. Además de Huertas, la suspensión también incluyó a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), involucrado igualmente en el escándalo.
Los hechos que llevaron a la sanción disciplinaria se sustentan en el hallazgo de documentos incautados el 23 de julio de 2024 durante un operativo en Anorí, Antioquia. En estos documentos, según Noticias Caracol, Huertas y Mejía presuntamente habrían ofrecido a la estructura de alias “Calarcá” la posibilidad de establecer una empresa de seguridad, la cual facilitaría la movilidad en vehículos blindados y el porte legal de armas. Lo anterior levantó serias dudas sobre la relación entre miembros de la fuerza pública y grupos ilegales, lo que motivó las acciones de control institucional.
A pesar de que hasta el 25 de noviembre el ministro Sánchez se había mostrado reacio a separar del cargo a Huertas ante la falta de pruebas concluyentes, la Procuraduría manifestó contar con elementos suficientes para ordenar la suspensión con base en el riesgo de obstrucción a la investigación y la posibilidad de reiteración de las presuntas irregularidades.
En respuesta, el Ministerio de Defensa puso en marcha una inspección cuyo objetivo es salvaguardar la transparencia y legalidad, además de transmitir tranquilidad a la ciudadanía respecto a la actuación institucional. Según confirmó el ministro, el procedimiento contempla la recopilación de pruebas y su traslado por toda la cadena de mando, involucrando al Ejército Nacional, el Comando General, el propio Ministerio y la Presidencia, quienes deben ratificar la decisión.
El rol jerárquico tanto de Huertas como de Mejía fue considerado determinante en la decisión de suspensión, ya que su permanencia en los cargos podría interferir en la recolección eficaz de pruebas o propiciar nuevas irregularidades. También, la Procuraduría resaltó el acceso privilegiado de ambos a información reservada y su superioridad sobre funcionarios en capacidad de aportar datos relevantes, intensificando los riesgos para la integridad de la indagación.
Este caso saca a relucir la complejidad de la lucha institucional contra la corrupción y la importancia de observar estrictos controles en los procedimientos internos en el Ejército y los órganos de inteligencia nacionales, guiados por el imperativo de garantizar la legalidad, la transparencia y la confianza pública.
¿Qué implica una suspensión temporal en el ámbito militar colombiano? La suspensión temporal, como medida disciplinaria, significa que un funcionario es apartado de sus labores por un periodo determinado, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. En el contexto militar, esta decisión tiene profundas repercusiones, pues busca evitar influencias indebidas sobre la investigación y salvaguardar la recolección de pruebas. Además, resalta la rigurosidad con la que deben adelantarse los procesos de control interno en instituciones sensibles como el Ejército, velando siempre por la legitimidad y transparencia en todas sus actuaciones.
La relevancia de esta medida radica en su carácter preventivo; no significa una declaración de culpabilidad, sino que protege el debido proceso y asegura la imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos. Así, la suspensión temporal se configura como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana cuando se pone en entredicho la probidad de funcionarios de alto rango.
¿Cómo puede afectar este tipo de investigaciones la imagen y la operatividad del Ejército Nacional?
La apertura de investigaciones contra altos mandos militares por presuntos vínculos con organizaciones ilegales tiende a tener importantes repercusiones en la percepción pública sobre las instituciones. Por un lado, puede generar desconfianza en la ciudadanía acerca de la capacidad del Ejército Nacional para cumplir su misión con integridad y transparencia. Además, pone en tela de juicio los mecanismos internos de control y supervisión, lo que a su vez puede impactar en la moral del cuerpo militar.
No obstante, la decisión de las autoridades de actuar con celeridad y transparencia, acatando incluso órdenes de suspensión, busca fortalecer la legitimidad institucional y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a posibles actos irregulares. Así, si bien el proceso puede presentar desafíos temporales a la operatividad y reputación de la fuerza pública, también puede traducirse en un fortalecimiento a largo plazo de sus estándares éticos y de su relación de confianza con la sociedad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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