La Fiscalía General de Colombia ha ratificado una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda. Este acusado está relacionado con un caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, reafirmó que la audiencia será ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Según la fiscal María Cristina Patiño, directora de la investigación, el exministro habría jugado un rol importante en casos de corrupción, principalmente relacionados con tráfico de influencias y contratación indebida.
Los contratos cuestionables alcanzan un valor de 92 mil millones de pesos y beneficiaron a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). La Fiscalía establece que estos recursos habrían asegurado votos favorables para créditos y operaciones urgentes para el gobierno.
De acuerdo a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, los recursos de la UNGRD fueron utilizados para favorecer políticamente a los congresistas. Esta afirmación incrimina directamente a Bonilla, quien habría utilizado la unidad para obtener apoyo legislativo del Congreso.
Mauricio Pava, abogado de Bonilla, reafirmó que su cliente está dispuesto a enfrentar a la justicia y desmentir las acusaciones. Bonilla, según su defensa, ha atendido de manera diligente todas las solicitudes judiciales y su arraigo a Colombia elimina cualquier posibilidad de fuga. Para atender a las acusaciones, Bonilla renunció a su cargo en el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2024.
Adicionalmente, la Fiscalía solicitó imputación y medidas de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por los mismos delitos y adicionalmente se le imputa el delito de concierto para delinquir agravado. La Fiscalía solicita que las medidas sean de privación de libertad, debido a la gravedad de los hechos y el papel de los exfuncionarios en la red de corrupción.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá será la encargada de establecer la fecha para la audiencia donde los acusados deberán responder formalmente frente a las acusaciones.
La imputación de cargos contra dos exministros es un hecho sin precedentes en Colombia. La profundidad de los cargos y la colaboración entre las diferentes ramas del Estado en el proceso de imputación demuestran el compromiso de la justicia colombiana en su lucha contra la corrupción. Aún así, el escándalo deja un amargo sabor de desconfianza entre los colombianos, quienes demandan liderazgos transparentes y comprometidos con el fortalecimiento de un gobierno ético y democrático.
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