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La reciente determinación del Gobierno Nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, de trasladar a los principales líderes de las organizaciones criminales conocidas como “Los Costeños” y “Los Pepes” a cárceles en Barranquilla ha provocado controversia y generado cuestionamientos sobre la coordinación institucional en Colombia. Según El Espectador, la Alcaldía de Barranquilla expresó su inconformidad al declarar que no fue informada ni incluida en discusiones técnicas previas que permitieran anticipar el impacto de esta disposición en la seguridad local.
El traslado carcelario de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, fue presentado por el Ministerio de Justicia como parte de un proceso de acercamiento enmarcado en la política de “paz total” del Ejecutivo. La aprobación se basó en la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, y responde a una solicitud formal enviada el 9 de enero por Otty Patiño, Consejero Comisionado para la Paz, cuyo propósito era sostener una tregua pactada entre los grupos ilegales, la cual expira el 20 de enero. El objetivo declarado fue proteger a la ciudadanía de posibles episodios de violencia que podrían ocurrir con la ruptura de dicha tregua.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, puntualizó públicamente que el traslado debía ser entendido como una medida estrictamente carcelaria, bajo vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). No obstante, la Alcaldía cuestionó, en comunicado oficial, la ausencia de un trabajo coordinado que involucrara al Distrito, la Gobernación del Atlántico y entidades nacionales, especialmente ante la preocupación de que estos centros penitenciarios puedan transformarse en sitios para la continuidad o comando de actividades ilícitas.
Frente a este panorama, la administración distrital insistió en la necesidad de fortalecer mecanismos permanentes de comunicación entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades locales, con el fin de prevenir o responder rápidamente a eventuales alteraciones del orden público. El contexto se complica ante la cercanía de fechas electorales, lo que incrementa la sensibilidad sobre cualquier decisión que pueda afectar la seguridad ciudadana.
El analista Luis Fernando Trejos, entrevistado por Blu radio, advirtió que la exclusión de las autoridades locales —tanto en el prediálogo como en potenciales negociaciones futuras— constituye una falencia mayor, especialmente dado que son estas autoridades las que han enfrentado directamente a los grupos criminales en cuestión en años recientes.
En octubre, “Los Costeños” y “Los Pepes” establecieron una tregua, la cual fue monitoreada por representantes del Gobierno nacional. Según un informe emitido por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y autoridades del Atlántico, durante la vigencia de la tregua se reflejaron descensos notables en indicadores de criminalidad en Barranquilla: extorsión menos 84%, homicidios reducidos un 57% y caídas significativas en hurtos a comercios, personas y motocicletas. Estos datos sugieren impactos positivos a corto plazo, aunque la incertidumbre persiste respecto a la sostenibilidad de la paz tras el inminente vencimiento de la tregua y la continuidad de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
¿Qué tan efectiva ha sido la coordinación institucional en los procesos de paz total en Colombia?
Esta interrogante adquiere especial relevancia ante las diferencias públicas exhibidas tras el traslado de cabecillas criminales a Barranquilla y las advertencias de actores locales sobre los riesgos de no incluir a las autoridades distritales y departamentales en cada etapa del proceso. Los resultados en materia de seguridad reflejados durante la tregua evidencian el potencial de reducir la violencia mediante acuerdos, pero las tensiones institucionales y la ausencia de articulación generan incertidumbre sobre la sostenibilidad y legitimidad de estos avances. Entender la dinámica de esta coordinación es clave para anticipar si los acuerdos de paz podrán consolidarse o si, por el contrario, enfrentarán retrocesos ante eventuales fricciones entre el Gobierno central y el nivel local.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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