La audiencia de imputación contra Nicolás Petro Burgos terminó con duro choque entre el hijo del presidente y el Juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla.
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Lo que debía ser un trámite de aclaración sobre los hechos narrados por la Fiscalía terminó en varios llamados de atención del despacho, que le ordenó repetidamente a Petro que dejara de convertir la diligencia en un debate jurídico, algo que está expresamente prohibido en esta etapa del proceso.
El hijo del mandatario llegó tarde a la reanudación de la audiencia, que había quedado suspendida desde el 15 de noviembre, cuando la fiscal Lucy Laborde, delegada de la Fiscalía General de la Nación, le imputó seis delitos por presuntos desvíos de recursos en la Gobernación del Atlántico.
Delitos imputados a Nicolás Petro
Entre ellos estaban: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Este último, sin embargo, fue retirado más adelante por la propia fiscal.
Cuando el juez le pidió a Petro que respondiera, uno por uno, si aceptaba o no los cargos, el exdiputado del Atlántico negó todas las imputaciones. Frente a los dos delitos de interés indebido, dijo “no acepto”; hizo lo mismo con los señalamientos de peculado por apropiación y con los episodios de tráfico de influencias que, según la Fiscalía, incluyen presuntas presiones a la entonces gobernadora y al secretario general del departamento. También rechazó los cargos por falsedad en documento privado y por falsedad ideológica en documento público.
Pero el ambiente se encendió cuando se le dio la palabra para formular dudas. El juez fue claro: podía hacer preguntas únicamente para aclarar hechos, no para debatir argumentos jurídicos ni cuestionar la imputación, que ya había sido presentada formalmente por la Fiscalía. Pese a eso, Petro decidió cruzar esa línea.
El momento más tenso ocurrió cuando, dirigiéndose a la fiscal Laborde, lanzó una pregunta que buscaba desmontar la estructura del delito de peculado que le imputaron: “¿Puede explicar cómo puede responder un particular por peculado como coautor interviniente si la calidad especial recae sobre el servidor público y usted misma reconoció que yo no tenía custodia ni disponibilidad jurídica de los recursos?”, cuestionó.
El juez reaccionó de inmediato. “No lo conteste, señora fiscal. No le voy a permitir esas preguntas. Esto no se trata de hacer un debate jurídico, sino de decir si usted entendió los hechos. Esto no se va a convertir en un debate”, sentenció.
“No le voy a permitir eso”: así fue el fuerte llamado de atención a Nicolás Petro Burgos por parte del juez de control de garantías. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/CRjEuqoxgo
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2025
A pesar del llamado de atención, Petro insistió. Anunció que haría su “última pregunta” y volvió a cuestionar la solidez de la imputación: “Fiscal, con todo respeto, si usted misma ha tenido que aclarar su imputación, ¿cómo puede pedirme que decida si me allano a unos cargos que ni usted ha formulado con estabilidad?”.
El juez, nuevamente, intervino para frenar la intervención: “No me conteste esa pregunta, señora fiscal. No voy a permitir esa pregunta porque no tiene nada que ver con la claridad de los hechos. Yo a usted, gentilmente, le permití que hicieran aclaraciones que incluso no son propias de la audiencia, con la finalidad de ser garantista y darle voz aunque fuese impertinente. Ahora está haciendo preguntas para retórica; no se lo voy a permitir”.
¿Qué pasó con Nicolás Petro en audiencia?
Finalmente, tras sortear las discusiones, el juez avaló la imputación presentada por la Fiscalía, dejando en firme los cargos que el organismo investigador llevará a debate en la siguiente fase del proceso.
Quedó pendiente la discusión sobre una posible medida de aseguramiento contra el hijo del presidente, la cual fue programada para el próximo martes 2 de diciembre a las 8:30 a.m. en los juzgados de Barranquilla, donde continuará uno de los casos judiciales más sensibles políticamente para el país y para la Casa de Nariño.
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