Hoy es un día crucial para el bolsillo de miles de trabajadores en Colombia. Este jueves 16 de julio de 2026 vence de manera definitiva la denominada “ventana de oportunidad”, el mecanismo excepcional que permitía a las personas próximas a jubilarse cambiar de régimen de pensión, una decisión que habitualmente era casi irreversible una vez se entraba en los últimos diez años antes de la edad de retiro. Este beneficio extraordinario, creado bajo el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, cierra sus puertas tras dos años de vigencia, dejando un balance preliminar que muestra que, aunque el universo de beneficiarios era gigante, solo una parte decidió dar el paso.
La norma original de la Ley 100 impedía tajantemente cualquier traslado a quienes estuvieran a menos de una década de pensionarse. Sin embargo, la reforma pensional abrió una única excepción temporal para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, siempre y cuando se sometieran al requisito de la doble asesoría para comparar qué régimen les convenía más. Aunque Colpensiones calculaba que 1.033.019 afiliados cumplían con los requisitos para acogerse a la medida, el corte al 31 de mayo de 2026 reveló que solo 265.626 personas solicitaron dicha asesoría.
De ese grupo de interesados, las estadísticas oficiales muestran que se radicaron 149.745 solicitudes de traslado, de las cuales se aprobaron 148.609 y se rechazaron 719, quedando el resto en trámite o validación. Los movimientos fueron masivos y radicalmente inclinados hacia el sector público, pues se concretaron 137.398 traslados desde los fondos privados hacia Colpensiones, frente a apenas 8.070 traslados en sentido contrario. Además, un grupo de 25.572 pensionados también logró cambiar de régimen bajo este amparo legal. Por su parte, el gremio de las AFP (Asofondos) reportó que para mediados de junio las solicitudes de doble asesoría ya superaban las 272.000 y los traslados efectivos sumaban más de 153.000.
A pesar de la gran expectativa, el proceso demostró que no a todo el mundo le convenía mudarse de bando. Miles de colombianos utilizaron la doble asesoría obligatoria simplemente para confirmar que estaban en el lugar correcto y decidieron quedarse quietos. Los análisis de Asofondos insisten en que a ocho de cada diez trabajadores les resulta más favorable permanecer en un fondo privado, debido a que allí pueden jubilarse con menos semanas (1.150) o recibir una mejor devolución de su dinero si no cumplen los requisitos, respaldados por una rentabilidad histórica real promedio del 8 % anual.
Con el cierre de la ventana de traslados hoy, la atención nacional se traslada inmediatamente a una millonaria disputa jurídica por los recursos acumulados. El Gobierno Nacional expidió en abril el Decreto 415 de 2026 para obligar a las administradoras privadas a transferir los ahorros de quienes se pasaron a Colpensiones, argumentando que el Estado ya asumió el riesgo pensional de estas personas. No obstante, Asofondos asegura que la ley es clara al ordenar que ese dinero debe quedarse en las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a pensionarse, por lo que demandaron el decreto. Esta pelea mantiene en el limbo una bolsa de aproximadamente 25 billones de pesos a la espera de un fallo del Consejo de Estado.
El fin de esta jornada de traslados representa el primer gran examen de la reforma pensional en el país, un proceso que avanza a toda marcha mientras se esperan decisiones definitivas en los altos tribunales. En los próximos días se conocerá el reporte consolidado con el último corte de cuentas de este 16 de julio, pero los platos fuertes de esta historia siguen bajo llave: el Consejo de Estado deberá resolver la millonaria disputa por los recursos de los traslados y la Corte Constitucional tendrá que dar su veredicto definitivo sobre si la reforma pensional es constitucional o no.
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