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Este artículo fue curado por Santiago Buenaventura   Nov 18, 2026 - 7:47 pm
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El Centro Javeriano de Competitividad (CJC), iniciativa académica de la Pontificia Universidad Javeriana, planteó que el aumento del salario mínimo para 2027 no debería superar la inflación registrada durante 2026 y recomendó que no se incorporen incrementos adicionales por productividad dentro de la negociación que iniciarán Gobierno, empresarios y trabajadores.

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Según el informe “Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027”, el incremento debería limitarse a compensar la variación de los precios al consumidor del próximo año, la cual, de acuerdo con los pronósticos utilizados por el centro de estudios, no superaría el 7 %. Bajo ese escenario, el salario mínimo llegaría como máximo a $ 1’873.468, sin incluir el auxilio de transporte.

La recomendación se fundamenta en la evolución reciente de la productividad laboral frente al crecimiento del salario mínimo. El análisis señala que entre 2021 y 2026 el salario mínimo real acumuló un aumento de 32 %, mientras que la productividad laboral creció 4 % por hora trabajada y cayó 3 % por persona ocupada.

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De acuerdo con Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, la discusión sobre el incremento salarial debería considerar no solo la productividad de un año específico, sino también el comportamiento acumulado de estas variables durante un periodo más amplio. “Aunque en la negociación anual suele utilizarse el crecimiento de la productividad del año en curso, consideramos que también debería analizarse cuánto han avanzado la productividad y el salario mínimo real durante varios años”, explicó.

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El informe sostiene que la brecha también puede observarse al comparar el salario mínimo con el salario promedio de la economía. Según los cálculos del centro, el mínimo pasó de representar el 59% del salario medio en 2021 a 68% en 2026.

La investigación cita un estudio elaborado por Flórez, Hermida y Morales, publicado por el Banco de la República en 2022, según el cual cada punto porcentual adicional de incremento real del salario mínimo podría estar asociado con la no creación de cerca de 26.000 empleos formales al año y la destrucción de otros 20.000.

Con base en esa referencia, el efecto neto sería de aproximadamente 46.000 empleos formales menos por año, con mayores impactos sobre pequeñas y medianas empresas y sobre compañías jóvenes o de reciente creación.

El documento también menciona posibles efectos sobre las finanzas públicas. Citando estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), señala que el aumento del salario mínimo aprobado para 2026 tendría impactos por $4,7 billones en pensiones, $ 0,6 billones en nómina pública y $ 2,7 billones en recaudo asociado al impuesto de renta, además de otros efectos todavía no cuantificados.

Además de su propuesta sobre el incremento general, el centro de estudios plantea crear un esquema especial para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal. La medida consistiría en establecer un piso salarial equivalente al 70% del salario mínimo durante los primeros seis meses del primer empleo formal para personas entre 18 y 24 años.

A partir del séptimo mes de vinculación, el trabajador recibiría el salario mínimo completo vigente. El informe señala que la propuesta no contempla subsidios directos ni beneficios tributarios adicionales, por lo que no tendría un costo fiscal directo.

El documento argumenta que la iniciativa responde a la alta concentración de salarios juveniles alrededor del mínimo. Según las cifras citadas, el 81% de los trabajadores menores de 25 años que laboran más de 40 horas semanales recibe hasta 1,25 salarios mínimos, mientras que entre los mayores de 25 años esa proporción es de 60%.

El informe también plantea una modificación a la Ley 278 de 1996 para establecer un mecanismo subsidiario de ajuste cuando la negociación entre empresarios, trabajadores y Gobierno no logre consensos.

La propuesta consiste en que, si no existe acuerdo en la mesa de concertación, el Gobierno determine el incremento mediante decreto utilizando como referencia la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre noviembre y noviembre, con base en la información reportada por el DANE. Para adoptar ese mecanismo sería necesario tramitar una reforma legal ante el Congreso.

El estudio fue divulgado a pocos días del inicio formal de las negociaciones para definir el salario mínimo de 2027 y se suma a las discusiones sobre productividad, empleo e inflación que suelen acompañar la concertación anual entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

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