La prima de diciembre es una prestación social obligatoria para todos los trabajadores dependientes en Colombia y está regulada por el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Esta normativa establece que los empleadores deben pagar una suma equivalente a treinta días de salario por año trabajado, o el valor proporcional al tiempo laborado si el empleado no completa el año.
La ley fija como fecha límite para pagar la prima navideña el 20 de diciembre de cada año, por lo que en 2025 los empleadores deberán cumplir con este plazo máximo.
La obligación incluye a trabajadores del servicio doméstico, choferes familiares, trabajadores por días y de fincas, siempre que exista relación laboral subordinada.
Si un empleador no paga la prima antes de la fecha establecida, el trabajador debe primero buscar un acuerdo directo, ya que la demora puede deberse a trámites internos.
Si no hay solución, debe acudir con prontitud al Ministerio del Trabajo para recibir orientación, presentar una queja o hasta iniciar un proceso de conciliación con el debido camino legal.
El inspector de trabajo no puede ordenar el pago, por lo que si el conflicto persiste se deberá acudir a un juez laboral. Para calcular el monto de la prima se utiliza la fórmula: salario multiplicado por los días trabajados, dividido entre 360.
¿Qué pasa con empresas que no pagan la prima en Colombia?
En Colombia, las empresas que no pagan la prima de servicios son multadas porque esta prestación está establecida como una obligación legal en el Código Sustantivo del Trabajo.
La prima corresponde a un pago equivalente a treinta días de salario por año trabajado, o proporcional al tiempo laborado, y debe entregarse en dos momentos: a mitad de año y antes del 20 de diciembre.
Al ser un derecho adquirido, su incumplimiento constituye una infracción a la normatividad laboral y afecta directamente el bienestar económico del trabajador, especialmente en una temporada donde se incrementan los gastos familiares.
Cuando una empresa no paga la prima dentro del plazo, se considera que está vulnerando derechos laborales mínimos. Por ello, el Ministerio del Trabajo puede imponer sanciones económicas que varían según la gravedad, la reincidencia y el número de trabajadores afectados.
Estas multas buscan garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones y prevenir abusos o prácticas que perjudiquen a los empleados. Además, el trabajador puede presentar quejas formales ante la autoridad laboral e incluso iniciar procesos judiciales para exigir el pago.
La sanción funciona como un mecanismo de control para asegurar que las prestaciones sociales sean reconocidas oportunamente y que se respete la protección laboral establecida por la ley en Colombia.
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