Apenas unos días después de la tragedia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el occidente de Colombia, la gestión de la ayuda humanitaria internacional ha desencadenado una fuerte controversia diplomática.
Las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que reveló supuestas las trabas e impedimentos burocráticos impuestos por las autoridades colombianas para el ingreso de sus brigadas especializadas de salvamento, encendieron el debate público en medio de las urgentes labores de búsqueda de supervivientes.
El contrapunto se profundizó cuando Sheinbaum confirmó desde Ciudad de México que la delegación militar y los emblemáticos rescatistas mexicanos no habían podido desplegarse en la “zona cero” debido a exigencias técnicas del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según la mandataria mexicana, a pesar de que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y brigadas de rescate cuentan con amplia experiencia en decenas de países, las autoridades de gestión del riesgo en Bogotá exigieron “certificaciones adicionales” para autorizar su ingreso, frenando el operativo militar bautizado como Agrupamiento Cali.
Desde la orilla colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y voceros del Ejecutivo justificaron la medida bajo el argumento de priorizar únicamente a contingentes de salvamento que cuenten con la acreditación formal del sistema internacional INSARAG. Sin embargo, la explicación no impidió las duras críticas de analistas políticos y sectores de oposición en Colombia, quienes señalaron una presunta politización y sesgo ideológico en la recepción de la solidaridad internacional, dado que el país sí autorizó el ingreso de delegaciones de rescate de naciones como Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel.
Ante la polémica, se conoció que los impedimentos no fueron propiamente del gobierno de De la Espriella, sino por una carta firmada por Javier Pava, quien se desempeñó como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro.
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El documento, enviado a la Cancillería antes del cambio de funcionario, señala que, con base en la evaluación hecho hasta ese momento, no era necesario solicitar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR), al considerar que Colombia contaba con capacidades suficientes para atender la situación.
Una de las primeras en criticar dicha comunicación, ligada al gobierno anterior, fue la exsenadora María Fernanda Cabal, que calificó de “perversa” la actitud del petrismo al querer culpar al nuevo Gobierno de dicho gesto.
“El petrismo es perverso. Salieron a señalar al gobierno de Abelardo de la Espriella de no recibir ayuda internacional, pero ocultaron la carta donde queda en evidencia que el concepto fue el que entregó el funcionario petrista Javier Pava”, afirmó Cabal a través de sus redes sociales.
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