Un duro debate económico y tributario rodea el trámite de la Ley de Rescate Económico, luego de que la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) y reconocidas voces de análisis económico encendieran las alarmas por el impacto directo que los nuevos gravámenes tendrían sobre las finanzas de los pequeños negocios y el bolsillo de los hogares de menores ingresos en el país.
El foco de la controversia radica en la propuesta para reemplazar el actual impuesto al consumo de la cerveza por un esquema mixto compuesto por un 10 % sobre el precio y un valor fijo de 330 pesos por cada grado de alcohol, manteniendo además el IVA vigente del 19 %. Según cálculos citados por Fedecom y respaldados por la representante a la Cámara María Clara Posada, esta fórmula dispararía el precio final al consumidor entre un 49 % y un 60 %, lo que significa que una cerveza que actualmente se comercializa alrededor de 3.500 pesos pasaría a costar más de 5.200 pesos.
Durante la discusión sobre el alcance de estas medidas en los micrófonos de Blu Radio, el panelista Aurelio Suárez puso sobre la mesa cifras contundentes para evidenciar cómo las cargas tributarias previas ya golpearon severamente el consumo popular. “No podemos olvidar que Petro les subió el impuesto a la arepa, gaseosa y a la cerveza. De hecho le voy a dar un dato, en 2022 se vendieron 3.610 millones de litros de cerveza, luego de la reforma de Petro en 2024 se vendieron 3.126 millones de litros de cerveza. Es decir ese efecto de los impuestos bajó, el de las gaseosas también bajó”, sentenció el analista al recordar los antecedentes inmediatos del sector.
La advertencia cobra dimensiones críticas si se observa el peso que tienen estas bebidas en la economía popular. De acuerdo con los registros presentados por el gremio de tenderos, el 92 % de la cerveza y el 80 % de las gaseosas en Colombia se comercializan a través de las tiendas de barrio, establecimientos donde el 59 % de los consumidores de estratos 1, 2 y 3 adquieren habitualmente estos productos. Con este panorama, Fedecom estima que cerca de 450.000 tiendas de proximidad y alrededor de 1,75 millones de empleos asociados quedarían expuestos a una fuerte contracción de demanda.
Adicionalmente, el proyecto contempla ajustes en los tributos a las bebidas ultraprocesadas —incluyendo desde 2028 aquellas elaboradas con edulcorantes no calóricos— y condiciona la devolución del IVA mediante el mecanismo EfectIVA a la implementación de facturación electrónica, un requisito que, según advierte el gremio, termina excluyendo en la práctica a miles de pequeños comerciantes frente a la asfixia tributaria.
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