El presidente Gustavo Petro detalló que dicha determinación se centra en que los tribunales privados generalmente emiten fallos favorables a empresas multinacionales y que, según él, van en contra de intereses estatales.
De acuerdo con Asuntos Legales, la decisión que adopta el Gobierno Nacional está respaldada en la opinión de 200 académicos internacionales y pretende que se haga el traslado de dichos conflictos a escenarios que den más garantías de equidad para los Estados.
En lo que respecta a litigios internacionales, la estimación del Gobierno es que el país enfrenta un riesgo económico de hasta 52 billones de pesos y, si se mantienen estos procesos en el sistema de arbitraje internacional, se podría duplicar la cifra y poner en riesgo el déficit primario.
Según Petro, lo que debería hacer Colombia es revisar las condiciones actuales que rigen a dichos arbitrajes para que se prioricen los recursos públicos y haya una protección sobre los mismos.
(Vea también: Mala noticia para un negociazo en Colombia: cifras revelan situación que preocupa mucho)
¿Cómo funciona el Sistema de Arbitraje Internacional de Inversión?
El Arbitraje Internacional de Inversión se ha consolidado como la columna vertebral de la confianza entre Estados e inversionistas extranjeros. Este sistema, diseñado para resolver disputas sin recurrir a los tribunales locales del país receptor —que podrían ser percibidos como parcializados—, permite que empresas multinacionales y Estados soberanos diriman sus diferencias ante tribunales técnicos e independientes.
En este 2026, ante la volatilidad de los mercados emergentes, entender su funcionamiento es vital para cualquier estrategia de expansión corporativa.
El Sistema se fundamenta principalmente en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC). Estos acuerdos internacionales contienen cláusulas de protección que garantizan al inversionista conceptos fundamentales como el “Trato Justo y Equitativo” y la protección contra la “Expropiación Indirecta”.
Cuando un Estado toma medidas que afectan drásticamente la rentabilidad o la propiedad de una inversión extranjera (como cambios súbitos en la regulación minera o energética), el inversionista puede activar el mecanismo de arbitraje previsto en el tratado, generalmente invocando la jurisdicción de centros especializados.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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