La nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 26,3 billones de pesos y plantea cambios significativos en la renta de personas naturales.
Entre las principales medidas se encuentra el aumento de la tarifa marginal para ciertos ingresos superiores. Esto implica que trabajadores con salarios desde 8,7 millones de pesos mensuales comiencen a pagar más impuestos, detalla El Tiempo.
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Además, se modifican las tablas del impuesto: las tarifas intermedias suben de 28 % y 33 % a 29 % y 35 %, y se introduce un nuevo escalón del 41 % para ingresos elevados, apunta ese medio.
Otro cambio relevante es el incremento en la retención en la fuente, que afectará a quienes devengan entre 7,4 y 17,9 millones mensuales con un aumento de 1 %, y a quienes superen los 17,9 millones con 2 %, reduciendo el flujo de caja de los trabajadores.
También se eliminan deducciones por dependientes, aunque se mantiene un beneficio limitado del 10 % de ingresos brutos.
Adicionalmente, se endurecen los impuestos al patrimonio, reduciendo el umbral de entrada y aumentando tarifas, así como a los dividendos y ganancias ocasionales, resaltó ese periódico.
De igual forma, se elimina la exención inflacionaria en los rendimientos financieros, lo que impactará la rentabilidad real de ahorros e inversiones como los CDT.
Por qué Gustavo Petro plantea una nueva reforma tributaria
Petro propuso una nueva reforma tributaria en Colombia con el objetivo central de aumentar el recaudo fiscal en más de 26 billones de pesos, necesarios para financiar los programas sociales y las políticas de su gobierno en los próximos años.
Según el Ministerio de Hacienda, pese a reformas previas, la desigualdad en el país sigue siendo muy alta y gran parte del recaudo aún depende de los impuestos indirectos, como el IVA, que afectan con mayor fuerza a la población de bajos ingresos.
Por ello, el nuevo proyecto busca hacer más progresivo el sistema, es decir, que quienes tienen mayores ingresos y patrimonios contribuyan en mayor medida al sostenimiento de las finanzas públicas.
Dentro de la justificación política y económica, el Gobierno resalta que Colombia necesita garantizar fuentes estables de financiación para programas de inclusión social, educación, salud y pensiones, al tiempo que se reduce el déficit fiscal.
La idea es que las clases medias-altas, los grandes patrimonios y quienes obtienen rentas extraordinarias o dividendos paguen más, cerrando espacios de evasión y aumentando la capacidad del Estado de responder a las necesidades de la población vulnerable. Petro también argumenta que los cambios buscan desmontar privilegios tributarios que beneficiaban a ciertos sectores económicos y promover una mayor equidad en la carga impositiva.
La propuesta ha generado debate porque incluye medidas sensibles como el aumento de tarifas para asalariados de ingresos medios y altos, el fortalecimiento del impuesto al patrimonio, la eliminación de beneficios por dependientes y la tributación completa de los rendimientos financieros.
Para el Gobierno, son ajustes necesarios que permitirán construir un modelo más justo de recaudo, mientras que para sus críticos, representan un golpe a la clase media. En cualquier caso, la reforma se presenta como clave para la sostenibilidad fiscal y social del país.
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