El nuevo proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional propone que las entradas a eventos deportivos, conciertos, espectáculos culturales y de recreación familiar pierdan la exención de IVA que tenían desde la Ley 1493 de 2011.
Según la propuesta, se gravarían con un impuesto al consumo del 19 % aquellas boletas cuyo valor supere las 10 UVT, equivalentes a unos $ 497.990 en 2025. Esta medida busca ampliar la base tributaria y recaudar más recursos, aunque generaría un incremento en los costos para los asistentes.
El impacto no solo recaería sobre los usuarios finales, sino también sobre expendedores de comidas y bebidas, empresas de boletería, vendedores de servicios sujetos al impuesto al consumo e incluso proveedores de telefonía e internet.
Actualmente, estas entradas están exentas por el Estatuto Tributario y otras normas relacionadas.
Sin embargo, ya existe un impuesto municipal del 10 % sobre boletas de espectáculos públicos, lo que significa que la nueva medida podría generar presión adicional en el sector y desincentivar la asistencia. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda asegura que la mayoría de eventos seguirán exentos.
Por qué hay una nueva reforma tributaria en Colombia
En el país se plantea una nueva reforma tributaria porque el Gobierno enfrenta la necesidad de aumentar el recaudo fiscal para cubrir los compromisos del Estado, garantizar la financiación de programas sociales y sostener el gasto público en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad.
A lo largo de los años, el país ha dependido de reformas tributarias sucesivas, pues la estructura actual de impuestos presenta vacíos y limitaciones que no logran equilibrar el presupuesto nacional frente a las crecientes demandas sociales y económicas. Además, factores como la desaceleración económica, el déficit fiscal, el bajo crecimiento de la inversión privada y los efectos de crisis internacionales han reducido los ingresos del Estado, obligando a buscar nuevas fuentes de recursos.
Otro de los motivos principales de esta nueva reforma está relacionado con la necesidad de ampliar la base tributaria. En Colombia, el peso del sistema recae en un grupo reducido de contribuyentes, tanto personas como empresas, lo que genera inequidad.
El Gobierno plantea que más sectores de la economía y más tipos de actividades contribuyan, incluyendo aquellas que hasta ahora estaban exentas o tenían beneficios especiales. De esta manera, se pretende que los impuestos sean más progresivos, que quienes tengan mayores ingresos aporten más, y que se reduzca la evasión y la elusión que afectan de forma significativa el recaudo.
La nueva reforma busca modernizar el sistema tributario para adaptarlo a las nuevas dinámicas económicas, como el comercio digital y los servicios en línea, además de ajustar beneficios y tarifas que en muchos casos quedaron obsoletos.
Aunque la nueva reforma genera debate y preocupación en sectores productivos y en la ciudadanía por el posible impacto en el consumo y la inversión, el Gobierno la considera indispensable para mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales en el mediano plazo.
Asimismo, la nueva reforma tributaria responde a compromisos internacionales y a la necesidad de mejorar la calificación crediticia del país ante los mercados financieros. Los organismos multilaterales y las agencias de riesgo observan de cerca el nivel de deuda pública y la capacidad de pago de Colombia, por lo que un sistema tributario más robusto ayuda a generar confianza y atraer inversión extranjera.
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