La nueva carta de navegación para las finanzas públicas se define con la presentación de la tercera reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2025. Bajo el panorama de crisis fiscal, la administración busca recaudar 26,3 billones de pesos para apuntalar el presupuesto nacional y superar los crecientes déficits proyectados para los próximos años.
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Según la propuesta, el principal foco está en aumentar los impuestos y limitar las exenciones, apuntando a penalizar más a las personas con mayores ingresos. Sin embargo, la canasta familiar permanecerá sin cambios, según indicó Blu Radio.
Por ejemplo, el impuesto al ocio y al consumo, considerados gastos no esenciales y ligados a la clase alta, representa uno de los ejes esenciales de la reforma. Según el proyecto del Gobierno, el IVA sobre los licores pasará del 5 % al 10 %, y el impuesto al consumo de alcohol abarcará incluso a las cervezas sin alcohol. Así las cosas, el consumidor pagará un 30 % sobre el valor de la botella, más un adicional de $ 750 pesos por cada grado de alcohol en una botella estándar de 750ml.
Sin embargo, uno de los apartados que son más controvertidos es el que afecta a las parejas. El proyecto postula que se reduce los beneficios tributarios a los que puede acceder una persona que se divorcia.
Hoy en día el conyugue que recibe su parte de la sociedad tiene una renta exenta, a partir de esta ley solo estaría exento el equivalente a una vivienda de interés social y se eliminarían partes del estatuto tributario, que establecen que están están exentos de impuestos “los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante”, de acuerdo con la emisora.
“Es la más sínica, porque el gobierno no recorta ninguno de sus gastos, ni de funcionamiento ni de contratación; es decir, solo quiere exprimir la vaca de los empleados, de los que pagamos impuestos. Ninguna ha sido tan ambiciosa, por lo que intenta recoger 26 millones de pesos. Divorciarse va a ser más caro”, señaló el periodista Néstor Morales.
Todos estos cambios buscan fortalecer las finanzas públicas atancando el consumo no esencial y a las personas con mayores ingresos. Sin embargo, la canasta familiar mantendrá sus exenciones. Ahora, el Congreso tiene la tarea de examinar, modificar o aprobar esta propuesta de reforma tributaria que el Gobierno presenta como esencial para la estabilidad fiscal del país.
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