En medio de los movimientos económicos en el país, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa que transformará por completo la tributación aplicada a la cerveza en Colombia.
Si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico que radicó el Ministerio de Hacienda tal y como está, la cerveza pagaría impuestos según cuánto alcohol tenga.
El esquema vigente grava estas bebidas mediante un porcentaje sobre su valor comercial, pero la reforma introduce una tarifa fija complementaria calculada por cada grado alcoholimétrico detectado en la presentación.
El Gobierno espera recaudar más con este cambio, y los comerciantes temen que golpee las ventas de las tiendas de barrio en todo el territorio nacional.
Actualmente, las presentaciones cerveceras asumen un impuesto al consumo del 48 % tasado sobre el valor cobrado por el fabricante al expendedor minorista, excluyendo recipientes y etiquetas del cómputo.
La propuesta legislativa sustituye esa figura tradicional por un gravamen dividido en dos componentes específicos denominados formalmente dentro del articulado como un “impuesto a la producción”.
El primer elemento consiste en una alícuota del 10 % aplicada al valor de venta público final sin tributos, cuyo monto anual determinará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La segunda parte impone un cobro inamovible de $ 330 por cada grado alcoholimétrico presente en recipientes estándares con un volumen de 330 centímetros cúbicos.
El impuesto al valor agregado para el sector cervecero permanecerá inalterado en el 19 %, mientras los demás licores sufrirán un marcado incremento al pasar de una tarifa reducida del 5 % al 19 %.
Aplicando este nuevo esquema impositivo, una botella cervecera de cuatro grados alcoholimétricos asumirá $ 1.320 únicamente por dicho gravamen específico, en tanto que una botella de cinco grados tributará $ 1.650.
Cualquier formato con una capacidad diferente ajustará la tarifa en proporción matemática a su volumen, mientras los productos desprovistos de alcohol quedarán enteramente liberados de esta carga fija.
Dado que la cuota fija resulta idéntica entre bebidas con igual graduación etílica sin discriminar sus precios de mostrador, el ajuste comercial golpeará con diferente intensidad a cada empresa.
El Gobierno calcula que con el cambio recaudaría $ 7,1 billones más por el impuesto a la producción de cerveza, destinando los recursos adicionales para respaldar el financiamiento del aseguramiento en salud pública.
Hacienda prevé que el ajuste completo a las bebidas alcohólicas empiece a regir en 2027, con incrementos periódicos a partir de 2028 equivalentes al índice de inflación más cuatro puntos porcentuales.
El Ministerio reconoce que la reforma presionaría los precios generales, previendo para el año 2027 un alza inflacionaria de hasta 0,6 puntos porcentuales derivada de las modificaciones en tabaco y licores.
Frente a estas estimaciones gubernamentales, la senadora María Clara Posada, congresista del Centro Democrático, publicó proyecciones más severas advirtiendo que los productos cerveceros promedio subirían de $2.400 a rangos entre $3.571 y $3.841.
La parlamentaria subrayó que las pequeñas tiendas barriales concentran el 92% de la comercialización cervecera nacional y el 80% del consumo de gaseosas entre los estratos económicos más populares.
Según los análisis de la legisladora, las familias de estratos 1, 2 y 3 representan el 59% de los consumidores habituales de cerveza, abasteciéndose primordialmente a través de pequeños mostradores comunitarios.
Actualmente, los establecimientos vecinales generan cerca de $48 billones anuales por la venta de estas bebidas, pero afrontarían un desplome calculado entre los $12 billones y los $15 billones anuales.
“La tributaria, como está planteada, podría dejar al borde de la quiebra a 450.000 tiendas de barrio y a 1,75 millones de empleos”, escribió Posada en su pronunciamiento público de alerta social.
Asimismo, la congresista remarcó los costes derivados de la facturación electrónica y la formalización comercial, factores que desplazarían a los compradores hacia grandes superficies donde opera la devolución impositiva.
“Esto es un golpe letal no solo para el tendero sino para las familias enteras que viven de esos ingresos”, agregó la senadora al evaluar la vulnerabilidad económica de los pequeños microempresarios.
La Federación Nacional de Comerciantes, dirigida por Jaime Alberto Cabal, manifestó profunda preocupación por la continuidad de los tributos saludables que afectan las ventas en los pequeños comercios barriales colombianos.
Según el comunicado oficial del gremio, a esa compleja situación comercial “se suma el impuesto a la cerveza, que presionará aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la sostenibilidad de muchos pequeños negocios”.
No obstante, Fenalco celebró la adopción del esquema EfectIVA en favor de familias vulnerables y el recaudo impositivo sobre compras menores a US$200 ejecutadas mediante plataformas de comercio chinas.
El presidente gremial dialogó con el presidente Abelardo de la Espriella y con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respaldando la instalación de mesas técnicas orientadas a concertar fórmulas de alivio.
El Ejecutivo insiste en que EfectIVA evitará pérdidas económicas en los hogares pobres, garantizando que 18,9 millones de ciudadanos queden exentos y 16,3 millones obtengan reintegros del 50 %.
La totalidad del documento tributario aguarda intensos debates en las comisiones parlamentarias, donde las bancadas legislativas definirán la viabilidad final de estas controvertidas tarifas al consumo de alcohol.
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