Un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desató una fuerte polémica en el sector turístico colombiano, especialmente entre quienes ofrecen alojamiento temporal a través de plataformas como Airbnb. Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el documento introduce exigencias que consideran de “imposible cumplimiento técnico y jurídico”, y que entrarían en vigor sin período de transición desde el 18 de diciembre, lo que podría paralizar buena parte de la oferta de viviendas turísticas no hoteleras en el país.
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Para el gremio, la propuesta equivale a imponer una “licencia de facto” sobre actividades que hasta hoy operan bajo un esquema declarativo, reconocido en la Ley 2068 de 2020 y que permitió que el 95 % de estas viviendas estén formalizadas y registradas en el Registro Nacional de Turismo (RNT).
El principal cambio que critica la CCIT es la transformación del actual sistema declarativo en un modelo de preverificación administrativa, en el que los propietarios tendrían que cumplir cargas documentales adicionales y trámites que, aseguran, van más allá de lo que establece la Ley. Entre las nuevas obligaciones, el decreto exigiría a las plataformas comprobar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal permiten expresamente el alquiler turístico temporal, un requisito que hoy no hace parte de la normativa vigente.
Además, se trasladarían varias responsabilidades —que hoy corresponden al Estado— a las empresas privadas. Estas tendrían que verificar cada seis meses la vigencia de los RNT, revisar que no haya anuncios duplicados y garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no existen o no están plenamente implementados. En la práctica, advierte la CCIT, se trataría de una carga operativa casi imposible de cumplir para plataformas y pequeños prestadores.
El impacto económico, según el gremio, sería significativo. Las plataformas de alojamiento turístico dan más de 215.000 empleos y aportan más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país, según cifras de la CCIT. Alberto Samuel Yohai, presidente del gremio, recordó que este tipo de alojamiento dinamiza las economías locales y lleva visitantes a más de 600 municipios, muchos de ellos en zonas rurales y territorios PDET donde no existe infraestructura hotelera tradicional.
Solo en 2024, los viajeros que se hospedaron en viviendas turísticas dieron ganancias de 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones en transporte. El riesgo, según Yohai, es que los nuevos requisitos empujen a miles de pequeños anfitriones —la mayoría de clase media, mujeres y adultos mayores— a abandonar la actividad o caer en la informalidad. “Imponer estándares propios de comerciantes formales a familias que dependen de este ingreso para conservar su vivienda las dejaría por fuera del sistema”, afirmó.
A estos cuestionamientos se suma una denuncia procedimental: la CCIT asegura que los gremios que representan a plataformas y anfitriones fueron excluidos de las mesas de discusión, mientras que otros sectores sí fueron convocados por el Ministerio. Además, señalan que el decreto se publicó sin un análisis de impacto jurídico ni económico, desconociendo las reglas de técnica normativa del país.
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Para el gremio, si la regulación se aprueba tal como está, podría provocar un “apagón digital” justo en plena temporada de fin de año, afectando a viajeros, regiones y a una industria que recibió casi 7 millones de visitantes en 2024. Por eso, hicieron un llamado urgente al Gobierno para abrir un diálogo técnico que permita ajustar la propuesta y evitar, dicen, que una norma diseñada para ordenar el sector termine destruyendo uno de los motores de desarrollo turístico más importantes del país.
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